El gobierno de Estados Unidos se retiró el jueves de las negociaciones para un acuerdo que pondría fin a las demandas presentadas a nombre de padres e hijos que fueron separados por la fuerza bajo la política fronteriza de cero tolerancia del gobierno de Donald Trump.
Funcionarios del Departamento de Justicia informaron a los abogados de los demandantes en una conferencia telefónica que el gobierno no ofrecerá un acuerdo general para los casos de separación de familias, y en lugar de ello se defenderá caso por caso en la corte, indicó Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó una de las demandas.
La decisión fue tomada luego de ocho meses de negociaciones, y semanas después de que los reportes de un acuerdo propuesto que incluiría pagos de varios cientos de miles de dólares para cada familia desataron la indignación de detractores del gobierno del presidente Joe Biden en el Congreso y en otros sectores.
Gelernt señaló que no se ofrecieron explicaciones sobre la medida.
“Resulta difícil comprender la decisión del Departamento de Justicia, más allá de que fue influida por consideraciones políticas”, dijo.
Dicho departamento dejó entrever en un comunicado que aún es posible llegar a acuerdos pese a que se retiró de las negociaciones.
“A pesar de que las partes no han logrado alcanzar un acuerdo de resolución general en este momento, nosotros seguimos dispuestos a dialogar con los demandantes y a llevar justicia a las víctimas de esta política abominable”, se lee en el comunicado.
Unos 5.500 niños fueron retirados de su padres por la fuerza en 2017 y 2018 bajo el gobierno de Trump, que pretendía detener un incremento en el número de personas que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos por medio de procesos penales, incluso cuando los migrantes se presentaban por sí solos ante las autoridades para solicitar asilo, tal como lo permite la ley.
Los padres de cientos de niños siguen sin ser localizados.
Trump suspendió esa medida en junio de 2018 en medio de una indignación generalizada, incluyendo de muchos republicanos, tan sólo seis días antes de que un juez ordenara poner fin al programa en respuesta a una demanda presentada por la ACLU.
Al defenderse de las demandas, el Departamento de Justicia de Biden también defenderá a altos funcionarios del gobierno de Trump acusados de manera individual en la demanda de la ACLU, entre ellos el exasesor Stephen Miller y el exsecretario de Justicia Jeff Sessions.
