El estado de Florida demandó ayer al gobierno del presidente Joe Biden por su mandato de vacunación contra el COVID-19 para contratistas federales, abriendo otro frente de batalla entre el gobernador republicano Ron DeSantis y la Casa Blanca.
La demanda, anunciada por DeSantis en una conferencia de prensa, alega que el Presidente no tiene la autoridad para emitir el mandato y que éste viola la ley de aprovisionamiento de Florida.
DeSantis ha prometido tomar medidas legales contra los requerimientos federales de vacunación y se opuso a las reglas de uso de mascarillas implementadas por gobiernos locales en el estado. Recientemente anunció que convocaría a los legisladores estatales el mes próximo para que aprueben una ley para combatir los mandatos de vacunación implementados por negocios privados. DeSantis tiene la mira en una posible candidatura presidencial en el 2024 y ha criticado constantemente a Biden por su manejo de la pandemia y otros asuntos.
La causa fue presentada en la corte federal en Tampa y nombra como demandados a Biden, al administrador de la NASA, Bill Nelson, y a funcionarios de contratos de la Casa Blanca.
Aparte del mandato de vacunación para contratistas federales, que va a entrar en vigor en diciembre, Biden ha anunciado que los empleadores privados con 10 o más trabajadores tendrán que requerirles que estén vacunados contra el COVID-19 o se sometan a pruebas diagnósticas semanales. Los aproximadamente 17 millones de trabajadores en instalaciones de salud que reciben fondos de Medicare o de Medicaid tendrán también que estar plenamente vacunados. Se espera que los detalles de las políticas sean dados a conocer pronto.
Biden ha argumentado que los mandatos ayudarán a poner fin a una pandemia que ha cobrado la vida de más de 740 mil personas en el país.
Pero los republicanos en todo el país se han opuesto a los requerimientos de vacunación y han amenazado con presentar demandas similares. El miércoles, Los fiscales generales republicanos de 21 estados le enviaron una carta al presidente en la que dicen que su mandato de vacunación para contratistas federales «tiene bases legales débiles», es confuso para los contratistas y pudiera exacerbar los problemas en la cadena de suministros.
