El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, Michael Healy Lacayo, y el vicepresidente de esa entidad empresarial, Álvaro Vargas, fueron arrestados este jueves, informó la Policía Nacional.
En un comunicado, la policía señaló que se investiga a Healy y Vargas por lavado de dinero, por realizar actos que menoscaban la independencia y soberanía, por incitar a la injerencia extranjera y proponer bloqueos económicos, entre otros delitos similares a los imputados a una treintena de opositores detenidos en los últimos cuatro meses.
Healy fue arrestado por la policía en la vía pública tras presentarse a declarar la mañana de este jueves ante la Fiscalía y su residencia fue posteriormente allanada, indicó por su parte el COSEP en una nota de prensa. Añadió que Álvaro Vargas, quien también tenía una citatoria este día ante el Ministerio Público, fue detenido en su vivienda.
El COSEP recordó que Healy es presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) y goza de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2018. Señaló que también fue detenido su conductor, Wilber Alvarado.
.@COSEPNicaragua exige la liberación de Healy Lacayo, presidente del Consejo, indicando que "fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional". Las acciones violentan los derechos fundamentales, agregan. https://t.co/pzxLiOEaLx
— Diario La Hora (@lahoragt) October 21, 2021
Un equipo del canal 10 de televisión que seguía al vehículo de Michael Healy fue detenido durante minutos por la policía, que les impidió filmar el momento del arresto, según dijo el periodista Willith Narváez, miembro de ese equipo.
Con el arresto de Healy y Vargas suman 39 las personas vinculadas a la oposición detenidas desde fines de mayo pasado, incluyendo líderes políticos y estudiantiles, profesionales y exguerrilleros, así como siete aspirantes a la Presidencia que pretendían disputarle el poder al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre próximo.
La Fiscalía los ha acusado por graves delitos como terrorismo, traición a la patria y organización para delinquir. También investiga a la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró operaciones en febrero pasado, y a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), vinculada al sector privado.
Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, gobernó por primera vez en la década de 1980 y retornó al poder en 2007. En estos comicios aspira a lograr su tercera reelección consecutiva y la segunda de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Nicaragua vive una grave crisis política que se inició tras la revuelta social de abril de 2018 y que fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. Según la CIDH, la represión dejó 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados.
El gobierno solo reconoce 200 fallecidos y asegura que esa rebelión cívica fue «un fallido golpe de Estado» para desalojar a Ortega y Murillo del poder.
