Un grupo de activistas climáticos pidió ayer que la Corte Penal Internacional investigue al presidente de Brasil por posibles crímenes contra la humanidad por las políticas de su gobierno en la Amazonía.
En la documentación presentada ante la corte global, el grupo AllRise acusó al gobierno de Jair Bolsonaro de un «ataque generalizado sobre la Amazonía, sus defensores y aquellos que dependen de ella», lo que afecta a la población global.
La iniciativa llegó a menos de tres semanas para la conferencia climática de naciones unidas COP26, que comienza el 31 de octubre de Glasgow.
La cumbre de 12 días pretende conseguir compromisos más ambiciosos para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius con el objetivo de mantenerlo en 1,5 grados en comparación con la era preindustrial. La cita también aspira a movilizar financiamiento para combatir el cambio climático y proteger a comunidades vulnerables y hábitats naturales.
Desde que asumió el cargo, Bolsonaro ha fomentado el desarrollo en la Amazonía y rechazado las quejas globales sobre su destrucción con el argumento de que son una trama para limitar la agricultura y ganadería brasileñas. Su gobierno también quitó poder a instituciones medioambientales y apoyó medidas legislativas para relajar la protección sobre la tierra, lo que alentó a los invasores de tierras.
«Crímenes contra la naturaleza y crímenes contra la humanidad. Jair Bolsonaro impulsa la destrucción masiva de la Amazonía a sabiendas y con pleno conocimiento de las consecuencias», dijo en un comunicado el fundador de AllRise Johannes Wesemann. «La CPI tiene un deber claro de investigar crímenes medioambientales de semejante gravedad global».
No es la primera vez que los críticos del líder conservador brasileño han pedido la intervención de la CPI.
Hace dos años, un grupo de exministros y abogados brasileños solicitó que la corte investigara a Bolsonaro por supuestamente incitar al genocidio de pueblos indígenas y no salvaguardar los bosques y tierras protegidas en los que viven.
La fiscalía de la corte recibe cientos de solicitudes de esa clase cada año en las que se detallan supuestos crímenes en diferentes lugares del mundo. Los fiscales están obligados a revisarlas todas y determinar si entran en la jurisdicción de la corte y, en su caso, si ameritan abrir nuevas investigaciones o incorporarse a pesquisas ya abiertas por la oficina.
Hay una creciente presión de activistas para que la instrucción de crímenes medioambientales se incluya en la misión de la CPI. Un comité de abogados y expertos internacionales publicó en junio una propuesta de definición legal del delito de «ecocidio», y afirmó que es hora de ampliar el tratado fundacional de la corte para incluir «protecciones para el daño medioambiental grave, ya reconocido como un asunto de preocupación internacional».
Antes de que Bolsonaro asumiera el cargo en 2019, hacía más de una década que no se deforestaban más de 10.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña en un año. Entre 2009 y 2018, la media anual era de 6.500 kilómetros cuadrados, en comparación con la media de 10.500 kilómetros cuadrados anuales durante el mandato de Bolsonaro.
Pero las cifras preliminares publicadas el mes pasado por el Instituto Brasileño Nacional para la Investigación Espacial demostraron que la deforestación en la Amazonía brasileña cayó en agosto por segundo mes consecutivo, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Wesemann, sin embargo, insistió en que Bolsonaro debe asumir responsabilidades, por las comunidades amazónicas y por el mundo.
«Nuestra iniciativa tiene un fuerte apoyo brasileño, pero no pretendemos halar en nombre de ninguna comunidad brasileña, ni decimos representarlas», dijo. «Nuestro caso intenta añadir una importante dimensión internacional a su lucha. La Amazonía es suya, pero la necesitamos todos».
