Más de 1,000 integrantes de pueblos indígenas colombianos pasan sus días en un parque público de Bogotá durmiendo en campamentos improvisados hechos de plástico y cocinando en ollas comunitarias. Llegaron hace una semana y el jueves la Alcaldía los citó a una audiencia pública en la que les solicitará que abandonen el lugar.
“No escogimos estar acá, nos tocó estar acá”, dijo a la prensa Jairo Montañez, miembro del pueblo Wayúu que suele habitar en el norte del país. Los indígenas alegan ser víctimas del conflicto armado interno, algunos llegaron a Bogotá desde hace una década y otros hace pocos meses debido a que el desplazamiento forzado continúa por disputas de actores armados en sus territorios.
Son 13 pueblos indígenas los que permanecen en el céntrico Parque Nacional reclamando medios básicos de subsistencia como alimentación, vivienda y salud, debido a que las ayudas estatales —dicen— se agotaron.
Reclaman un lugar “digno” para vivir y no aceptan ser retornados a sus territorios de origen porque temen a los grupos al margen de la ley. “Regresar no es viable, en el territorio no hay garantías y nosotros no nos vamos a ir si no tenemos seguridad ni nada. Uno no puede irse a donde lo sacaron”, señaló a The Associated Press una lideresa indígena del pueblo Nasa que duerme en el parque junto a su pareja e hijo y que pidió no revelar su nombre porque ha recibido amenazas de muerte debido a su liderazgo.
“Cuando nos arriendan son casas que están en las periferias de Bogotá, siempre con restricciones y un grado de revictimización, por eso una de nuestras propuestas es que haya una casa colectiva para pueblos indígenas”, agregó la líder.
La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1,895 millones de pesos (aproximadamente 500,000 dólares) desde marzo de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de arriendos, bonos de alimentación y mercados. “La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata”, indicó la Alcaldía el martes en un comunicado.
Las comunidades representadas por las Autoridades indígenas en Bakatá se declararon en “minga permanente”, un acto de resistencia en busca de la reivindicación de sus derechos, alegando “escasa voluntad de diálogo y cumplimiento de Estado”, según indicaron el jueves en un comunicado.
“Hacemos responsables a la Alcaldía distrital de los hechos que nos sucedan y vulneren nuestros derechos colectivos e individuales en contra de nuestra población infantil, mujeres gestantes y lactantes, y mayores de tercera edad”, agregaron. Se calcula que más de 100 niños y niñas se encuentran en el parque.
La mayoría de los indígenas trabajan haciendo artesanías que venden en las calles, en labores domésticas o en actividades de construcción y albañilería, por lo cual reclaman que tienen bajos ingresos y pocas oportunidades laborales.
Las comunidades indígenas piden la activación de una mesa de diálogo con la Alcaldía para buscar soluciones estructurales que les permitan mejorar su calidad de vida, solicitud que también fue apoyada por la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos.
