La Fiscalía Nacional de Chile anunció el viernes el inicio de una investigación penal por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios derivados de la compraventa de un proyecto minero de propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera, que fue condicionada a que el área para su desarrollo no se interviniera medioambientalmente.
La controvertida compraventa fue suscrita en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010, nueve meses después de que Piñera iniciara su primer mandato presidencial (2010-2014).
La directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, dijo que la decisión se adoptó luego de que su departamento analizara los recientes antecedentes revelados por una investigación periodística internacional, conocida como los Papeles de Pandora, que indica que el último pago del comprobante, por 10 millones de dólares, “fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto”.
Por la misma causa Piñera enfrenta una investigación en curso del Servicio de Impuesto Internos y una acusación constitucional que será formaliza por un grupo de diputados de la oposición de centroizquierda la próxima semana.
Herrera dijo que la indagación de la Fiscalía Nacional debería realizarse en “tiempos muy acotados”.
Piñera afirmó a inicios de semana que los hechos contenidos en la investigación periodística eran conocidos, que fueron investigados por un fiscal en 2017 y que lo sobreseyó definitivamente.
Herrera afirmó que, aunque los datos estaban contenidos en la causa, no fueron indagados.
