Cuando se trata del tema migratorio, el presidente Joe Biden se encuentra ante un difícil dilema.
Como candidato presidencial el año pasado, Biden prometió aplicar medidas apoyadas por el ala progresista del Partido Demócrata, y ya ha implementado algunas de ellas. Pero la respuesta de su gobierno ante la reciente entrada masiva de migrantes por la Frontera Sur ha enojado tanto a la oposición como a los aliados.
Gran parte del descontento ha ido dirigido al funcionario responsable del tema migratorio, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
«Ser criticado por ambos lados en el tema migratorio no me sorprende. Lamentablemente, estamos justo en medio de la línea divisoria política del país», declaró Mayorkas en entrevista con la televisora NBC el fin de semana pasado.
El resultado es que el tema migratorio se ha convertido en una molestosa distracción para una administración que preferiría enfocar sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica y otros temas.
Apenas el 35% de los estadounidenses aprueban de la gestión de Biden en el tema migratorio comparado con 43% en abril, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para Estudios de Políticas Públicas. Incluso entre los demócratas, el índice de aprobación hacia Biden en el tema migratorio es uno de los más bajos, de apenas 60%.
Las recientes imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, sujetando a inmigrantes haitianos en Texas, han agravado las tensiones. Si bien eran falsas las versiones de que los agentes estaban azotando a los inmigrantes de raza negra, tanto Mayorkas como Biden expresaron su enojo con las tácticas usadas, y el gobierno anunció una investigación.
La controversia llegó a tal punto que se le preguntó a Mayorkas si su departamento se había convertido en una «agencia forajida», a lo cual respondió: «No podría estar más en desacuerdo».
Incluso algunos de los partidarios más enfáticos de Biden en el Congreso y entre los grupos de defensa de los migrantes se han quejado porque el gobierno de Biden sigue usando la llamada Ley 42, aplicada en el gobierno anterior, para expulsar expeditivamente a los migrantes, entre ellos miles de haitianos.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del grupo National Immigration Law Center y antes codirecrtora de una agrupación que buscaba recaudar apoyo a Biden entre los partidarios de Bernie Sanders, destacó que la Casa Blanca «ha designado a algunas de las figuras más destacables dentro de nuestro movimiento» en el tema migratorio.
Sin embargo, está entre los que se oponen a que el gobierno de Biden siga usando la Ley 42, que impide a los migrantes solicitar asilo y que fue empleada por la administración de Donald Trump supuestamente como manera de frenar la propagación del coronavirus.
«Es momento de conversaciones francas entre amigos, cuando hay decisiones equivocadas», expresó Hincapié.
La negativa del gobierno en cesar el empleo de la Ley 42 –incluso apeló una decisión judicial al respecto– junto con la falta de avances en el Congreso en cuanto a una reforma migratoria, ha llevado a muchos activistas a temer que volverán las duras políticas y abundantes deportaciones efectuadas bajo la presidencia de Barack Obama.
«Ya llevan ocho meses en el gobierno», se quejó Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo activista de defensa de migrantes.
«Las políticas que están implementando son muy distintas a las que prometieron. Las políticas que están implementando están fracasando. Y sin embargo siguen por la dirección equivocada», añadió Schulte.
La administración Obama realizó una enorme cantidad de deportaciones, en un intento por mostrar a los republicanos que estaba haciendo cumplir las leyes al tiempo que trataba de impulsar una reforma migratoria en el Congreso. Bajo su gobierno fueron deportadas unas 3 millones de personas, una cifra sin precedentes, pero aun así la reforma migratoria no fue aprobada.
«Lo que el gobierno está calculando es que tendrá mejores probabilidades de lograr que el Congreso apruebe una reforma migratoria si logra colocar a la frontera ‘bajo control'», indicó Theresa Cardinal Brown, directora de temas migratorios para el Bipartisan Policy Center. «Esa era la teoría que manejaba la administración Obama».
Al igual que ocurrió bajo Obama y Trump, el gobierno de Biden ha estado tratando de lidiar con un aumento en la cantidad de migrantes que tratan de cruzar la Frontera Sur, ya sea ilegalmente o entregándose a la Patrulla Fronteriza para pedir asilo.
El número de contactos con migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos fue de más de 208,000 en agosto, un leve descenso con respecto a julio pero aun así la cifra más alta desde marzo del 2000 y también la más alta desde el último aumento grande en el 2019.
El pronunciado aumento se debe en parte a la Ley 42, ya que en muchos casos se trata de migrantes recapturados luego de haber sido expulsados bajo esa ley. También se debe a otros factores, como los estragos económicos que la pandemia ha estado causando en Latinoamérica y la percepción de que Biden será más tolerante hacia la migración comparado con Trump.
La respuesta de Biden ha sido tratar de encarar las causas de raíz de la migración, al aprobar la asistencia económica a los países centroamericanos, que fue suspendida por Trump, y al reanudar un programa que permitía otorgar visas a menores de edad para que puedas reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.
Además, el gobierno ha propuesto una norma federal que protegería a los inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran pequeños.
«Estoy segura de que el presidente usará todas las herramientas a su disposición, pero esas herramientas no son suficientes para arreglar lo que necesita ser arreglado, opinó Cecilia Muñoz, quien fue directora del Consejo Asesor de Políticas Nacionales bajo la presidencia de Obama.
Muñoz atribuye la falta de una reforma migratoria a la acérrima oposición de los republicanos en el Congreso, y a normas del Senado que según dice fueron implementadas equivocadamente.
Aparte de lo que ocurra en el Congreso, el gobierno de Biden ha anulado la medida de la era Trump de usar la Ley 42 para expulsar a los menores de edad que entran por la Frontera Sur, y ha permitido a miles de familias migrantes a permanecer en el país mientras cursan por los tribunales sus solicitudes de asilo, un proceso que con frecuencia termina en una decisión negativa pero que puede tomar años.
Al mismo tiempo, sin embargo, ha seguido usando la Ley 42 para expulsar a gran cantidad de familias y adultos. Mayorkas insiste en que es necesaria como medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.
Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del American Immigration Council, argumenta que usar la Ley 42 es totalmente contraproducente ya que infla artificialmente la cantidad de contactos en la frontera, que siguen siendo mucho menos de lo que eran hace 20 años.
«La Ley 42 ha provocado una enorme actividad en la frontera y el resultado final de toda esa actividad no ha sido una frontera más segurda», afirmó Reichlin-Melnick.
«Lo único que ha logrado es disminuir la capacidad de los migrantes de pedir protección y darle más trabajo a la Patrulla Fronteriza, que no tiene los recursos para lidiar con un ingreso tan grande», Reichlin-Melnick.
Un juez federal, en respuesta a una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otras agrupaciones, falló recientemente que la Ley 42 muy probablemente es ilegal porque le niega a las personas presentar solicitudes de asilo. La administración Biden apeló el fallo, lo que enfureció a los activistas.
Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, declaró en un foro el lunes que en general apoya las medidas migratorias tomadas bajo el gobierno de Biden. Pero advirtió que la ACLU, que presentó más de 400 acciones legales bajo Trump, no vacilará en presentar más demandas bajo el mandato de Biden.
«Creo que los litigios son igual de importantes para asegurarnos de que nuestros supuestos aliados hagan lo correcto, que cuando se usan contra los enemigos de las libertades civiles y los derechos civiles, porque es lo que crea una voluntad política», expresó Romero.
