Un informe sobre los negocios de altos funcionarios del Ministerio de Salud de Sudáfrica durante la pandemia de coronavirus salió a la luz hoy con revelaciones de corrupción, fraude y malversación de millones de dólares destinados a la lucha contra el COVID-19.
El informe de la Unidad de Investigaciones Especiales, presentado por el presidente Cyril Ramaphosa, denuncia delitos por el exministro de Salud, Zweli Mkhize, y otros funcionarios.
Mkhize, quien renunció el mes pasado, se entrometió en el proceso de obtención de un contrato de comunicaciones por valor de 10 millones de dólares para que se lo otorgara a socios suyos, dice el informe, y añade que esos socios hicieron pagos al ministro y su familia. Parte de los fondos fueron utilizados para efectuar renovaciones en una casa de Mkhize y comprar un vehículo para su hijo.
Digital Vibes, una empresa asociada con el exasesor de comunicaciones de Mkhize, recibió el contrato de consultoría en la estrategia de comunicaciones de COVID-19 del departamento nacional de salud.
Partidos de oposición han pedido que se inicien investigaciones penales a Mkhize y otros altos funcionarios. Mkhize sigue siendo miembro del Parlamento y cobra sueldo como tal.
El escándalo ha enfurecido a los sudafricanos, muchos de los cuales sufrieron penurias a raíz de las medidas estrictas de cuarentena impuestas por el gobierno durante la pandemia. La economía más desarrollada de África es la más afectada por el virus, con 2.8 millones de casos y más de 87,000 muertes.
Ramaphosa recibió el informe el 30 de junio. El presidente, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad de su mandato, sufría presiones para que lo publicara.
El informe recomienda que el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de Salud por debajo del ministro, doctor Anban Pillay, sea sometido a juicio criminal. El departamento ha suspendido a otro funcionario, Sandile Buthelezi, por su participación. Otros seis funcionarios están implicados, según el informe.
La Unidad de Investigaciones Especiales ha investigado denuncias de corrupción en el otorgamiento de contratos de gobierno para la compra de equipos de protección personal y otras medidas de lucha contra el virus en las que están implicados funcionarios de salud provinciales y locales. La unidad dijo que contratos por valor de 300 millones de dólares estaban bajo sospecha.
