La central única de trabajadores uruguaya se movilizó durante un paro en Montevideo por la recuperación del salario real que ha caído 4,3% durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y ha impactado con más fuerza a los sueldos más bajos.
Con una pandemia por ahora controlada, miles de sindicalistas ocuparon unas diez cuadras de la avenida del Libertador en el centro de la capital uruguaya.
Ataviados de cubrebocas, miles de trabajadores, luciendo polos y banderas de sus sindicatos, salieron a la calle para defender sus ingresos. Durante los gobiernos pasados los salarios se ajustaban, en líneas generales, por el Índice Medio de Salarios, pero el gobierno de Lacalle Pou, amparado en la pandemia y recostado en una ortodoxia económica tradicional según los expertos, ha negado el ajuste bajo este parámetro.
«Esta movilización es porque se está rebajando el salario a los trabajadores», dijo Marcelo Abdala, secretario general de PIT-CNT, las siglas con las que se conoce a la central obrera.
Desde la pandemia se perdieron unos 30.000 puestos laborales y 75.000 personas están en seguro de desempleo. En 2020 la pobreza llegó al 11,6% de los uruguayos, unas 100.000 personas aproximadamente, un deterioro comparable a 10 años atrás, según cifras oficiales.
Los trabajadores criticaron, entre varios puntos, la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081 por 455 millones de dólares a la empresa belga Katoen Natie que monopolizaría la actividad de contenedores y fijará tarifas. Un acuerdo que legisladores del opositor Frente Amplio podrían llevar a la justicia.
«Es la entrega más evidente y escandalosa en nuestro país», señaló la trabajadora portuaria Vanessa Peirano en el estrado.
Los oradores también criticaron la venta de entre 48.000 y 55.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización que podrían pasar del tesoro público a privados si el Parlamento lo aprueba en las próximas semanas en la Rendición de Cuentas.
«Seguramente pasarán a las corporaciones forestales que compran tierra de forma muy acelerada. Mientras 1.200, 1.300 familias demandan tierra cada año», alertó Alejandro Wasen, colono.
Los indicadores económicos en Uruguay están a la baja. La inflación el año pasado llegó al 9.4%, bastante por encima del 6% que el presidente había fijado. Durante el primer año de gobierno el PIB cayó un 5,8%, según el Banco Mundial, el más cerca al 8% de la última crisis económica de 2002. El año pasado se desaceleró el consumo, se frenaron las inversiones públicas, cayeron las importaciones y exportaciones.
En tanto, durante el primer trimestre de 2021 la situación fue positiva, pero no suficiente. El PBI interanual cayó 2,8%, según el Banco Central.
Desde que asumió Lacalle Pou, el salario real cayó un 4,3% en el país, según PIT-CNT. Las jubilaciones y pensiones se ajustan por un índice cuya principal variable es el salario por lo que también perdieron poder de compra.
«Esa caída en términos generalizados tiene un impacto crítico en salarios sumergidos», alertó el economista Hugo Bai, del Instituo Cuesta Duarte, centro de investigación del PIT-CNT. En un próximo informe mostrarán —indicó— que 650.000 ocupados (de 1,300.000 trabajadores registrados en la seguridad social) ganan por debajo de 25.000 pesos líquidos (aproximadamente 550 dólares)», un ingreso considerado pobreza monetaria si dos personas viven de él en un mismo hogar.
En Uruguay, las empresas, el gobierno y la representación de los trabajadores acuerdan en un Consejo de Salarios los ingresos legislando. En estos días la Cámara de Empresas propuso contratar trabajadores pagando 70% del laudo.
