El enérgico intento del presidente Joe Biden para obligar a millones de trabajadores en Estados Unidos a que se vacunen contra el coronavirus ha enfrentado la resistencia de líderes republicanos que amenazan con todo, desde demandas hasta la desobediencia civil, lo que ha hundido al país en un tipo de conflicto político-cultural que se han enconado desde el inicio de la pandemia.
En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster asegura que combatirá «hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y el sustento de todos los habitantes del estado». La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, posible aspirante a la candidatura presidencial en 2024, dice estar preparando una demanda. Y J.D. Vance, un conservador que busca una banca del Senado federal por Ohio, ha exhortado a los negocios a que ignoren las órdenes que él describo como el «intento para intimidar y coaccionar a los ciudadanos» por parte de Washington.
Sin embargo, Biden se ha mantenido firme en su postura. En una visita a una escuela el viernes, el mandatario acusó a los gobernadores de ser «arrogantes» con la salud de los estadounidenses jóvenes, y cuando se le preguntó sobre sus enemigos que podrían llevar el asunto a tribunales respondió: «que lo intenten».
El rechazo siguió al anuncio de Biden el jueves de un gran plan para doblegar al coronavirus en momentos en que la variante delta altamente contagiosa ha contribuido a que se registren 1,500 muertes y 150.000 casos por día. Biden ha dispuesto que todos los empleadores de más de 100 trabajadores los obliguen a vacunarse o a hacerse cada semana pruebas para que les detecten el virus, lo que afectaría a 80 millones de estadounidenses.
Diecisiete millones de trabajadores más de centros de salud vinculados a los programas federales Medicare o Medicaid también deberán vacunarse así como todos los empleados del poder ejecutivo y contratistas que hagan negocios con el gobierno federal.
La decisión desató la ira de los republicanos en las capitales estatales, el Congreso y los que andan de campaña, incluso entre muchos que han apoyado las vacunas y exhortado a sus electores a que se las pongan.
El representante de Texas, Dan Crenshaw, que ha fomentado la seguridad de las vacunas entre los electores de su distrito.
Más de 208 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de sus vacunas, pero 80 millones continúan sin ser inoculados, lo que mantiene la inercia de las infecciones.
Los casos nuevos diarios de COVID-19 han aumentado alrededor de 300%, las hospitalizaciones 2,5 veces y las muertes casi el doble respecto del mismo tiempo del año pasado.
Aunque se han registrado infecciones posvacuna entre personas inoculadas, esos casos tienden a ser menos severos, y la vasta mayoría de muertes y enfermedades graves han ocurrido entre quienes no han recibido dosis alguna.
La pandemia se ha agravado en muchos estados donde los gobernadores están protestando de manera estridente contra las acciones del presidente. Carolina del Sur, por ejemplo, registra un promedio de más de 5,000 casos nuevos por día y tiene la segunda tasa de infección más alta en el país.
Un sistema de hospitales en ese estado comenzó a cancelar cirugías programadas para problemas no graves de salud a fin de tener personal disponible para atender el alto número de pacientes con COVID-19.
En una parte de Idaho, los hospitales saturados de enfermos han puesto en marcha nuevas normas frente a la crisis para racionar la atención a pacientes. Y en Georgia, los hospitales han rechazado ambulancias que traen a enfermos para atención de emergencia o para unidades de cuidados intensivos.
Sin embargo, republicanos y algunos representantes sindicales aseguran que el presidente se ha extralimitado en su autoridad constitucional. Discrepan en particular con la idea de que millones de personas pudieran perder sus empleos si son renuentes a vacunarse.
