El canciller y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia acusaron ayer al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, de intervencionismo y de insultar al pueblo boliviano con su insistencia de que hubo fraude en las elecciones bolivianas de 2019.
El canciller Rogelio Mayta dijo además que los «mensajes de odio» de Almagro generan división en la OEA y animó a los países miembros a plantearse una nueva organización.
«La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los Estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia y con pena vemos que tampoco para muchos de los Estados que hoy están representados aquí,» dijo Mayta.
Mayta anunció la semana pasada un reclamo en el Consejo Permanente del organismo contra Almagro por «injerencia en los asuntos internos nacionales».
La OEA ratificó a principios de agosto su denuncia sobre una «manipulación dolosa de datos» en las elecciones en Bolivia de octubre de 2019 y no sólo negligencia, como había concluido una pericia de investigadores de la universidad española de Salamanca. Poco después, el presidente Luis Arce -heredero político del expresidente Evo Morales- y su gobierno rechazaron el informe de la OEA y revalidaron el documento de la universidad española que fue solicitado por el Ministerio Público.
La Fiscalía boliviana anunció la semana pasada que cerrará el caso y buscará el sobreseimiento de los acusados de fraude electoral basado en el informe de la universidad española.
El ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, pidió en la reunión del miércoles que los países de la OEA «levanten la voz» contra el «colonialismo» de Almagro. «Bolivia rechaza con contundencia cualquier pronunciamiento del secretario general de la OEA porque Almagro representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos y las bolivianas», dijo Lima.
Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de golpe de Estado lo ocurrido tras las elecciones de 2019, denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. Morales buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
Jeanine Áñez, una senadora opositora, estaba habilitada para la sucesión que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce se impuso con el 55% de los votos.
El representante permanente interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley A. Freden, defendió el miércoles a Almagro y la labor del organismo en las elecciones bolivianas de 2019. «Al igual que hemos visto en otros países, la repetición de narrativa electoral falsa, en este caso que hubo golpe de Estado en Bolivia en 2019, socava las instituciones democráticas y debilita la fe popular en la democracia», dijo Freden. El estadounidense también expreso su «firme» apoyo a la OEA y a Almagro en «su misión de promover y proteger los derechos humanos y la democracia en nuestro hemisferio».
México, en cambio, criticó a Almagro al decir que el secretario general actúa como un dictador, priorizando su agenda personal y no trabajando para los Estados miembro de la OEA.
El organismo ha dicho que 36 peritos internacionales que llegaron a Bolivia para realizar la auditoría sobre las elecciones descubrieron dos servidores «que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales».
El secretario general de la OEA habló hacia al final de la reunión del miércoles y dijo que cree que el organismo hemisférico «cumplió de buena fe» el acuerdo entre Bolivia y la OEA para elaborar una auditoría sobre las elecciones de 2019. Mayta y Lima dijeron previamente que la OEA lo había incumplido al emitir un reporte preliminar que hicieron público sin consulta y que contenía mentiras. Almagro agregó que su secretaría está dispuesta a «avanzar en este proceso de solución de controversia tal cual lo establece el derecho internacional».
