La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dejó su celda por unas horas ayer para realizarse una tomografía y debió ser conducida en silla de ruedas y sostenida por sus hijos debido a su débil estado físico.
Los estudios buscan determinar las causas de la debilidad de la exmandataria, dijo a periodistas una funcionaria del centro médico que no se identificó. La hija de Áñez, Carolina Rivera, comentó que su madre permanece sedada gran parte del tiempo debido a su estado depresivo. La política de 53 años además padece hipertensión, según autoridades penitenciarias.
La exmandataria -acusada de terrorismo, sedición y conspiración- se infringió cortes en las manos el sábado. Desde que fue detenida en marzo reclama su excarcelación para ser procesada en libertad debido a su estado de salud. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que Áñez se hizo los cortes para «llamar la atención».
La política tiene tres procesos relacionados con la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos a fines de 2019 y precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos. Ante el vacío de poder, la entonces senadora de la oposición se proclamó presidenta y llamó a nuevas elecciones 11 meses después que fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores.
Otro de los procesos contra Áñez es por dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden en las que murieron 20 seguidores de Morales.
Organizaciones internacionales y 23 expresidentes de América Latina han demandado un «trato humanitario» para la exmandataria. En tanto, el expresidente Morales ya no tiene ningún proceso pendiente y se mantiene activo en política.
Hace unos días el Fiscal General, Juan Lanchipa, exfuncionario de su gobierno, cerró el caso penal por fraude electoral ante falta de pruebas.
Un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019 concluyó que la responsabilidad de la crisis y de las muertes recae en los gobiernos de Morales y Áñez y reclamó una reforma pronta para evitar que el Poder Judicial y la Fiscalía sigan siendo usados por el poder político con fines de «persecución».
