El gobierno mexicano demandó ayer a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México, en un proceso que podría durar años y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.
La singular demanda fue presentada en un tribunal federal de Boston contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.
Las empresas no contestaron de inmediato a solicitudes de The Associated Press para comentar sobre la demanda.
El gobierno mexicano sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
La demanda señala que su objetivo es «poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México». Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
México calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales «negligentes», como dice México. «Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras», señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.
El canciller Marcelo Ebrard dijo ayer que la demanda es parte de la campaña del gobierno contra las armas. «La prioridad es que reduzcamos los homicidios», afirmó. «No buscamos alterar las leyes americanas».
Agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas y aseguró que no anticipa «ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos».
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo a la prensa el miércoles que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1,7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. El gobierno pedirá una compensación de al menos 10.000 millones de dólares, dijo. El PIB mexicano fue de 1,2 billones de dólares el año pasado.
El funcionario añadió que México no buscó la asesoría del gobierno de Estados Unidos antes de interponer la denuncia y sólo informó a la embajada estadounidense en el país que presentaría la demanda.
Steve Shadowen, el abogado principal que representará a México ante la Corte estadounidense, dijo a AP que en los primeros años del siglo XXI una treintena de ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia por las armas de fuego.
Agregó que algunas ciudades comenzaron a ganar, por lo cual los fabricantes fueron al Congreso que les otorgó inmunidad a esas empresas. Sin embargo, Shadowen consideró que esa exención no aplica cuando las consecuencias del uso de sus armas ocurren fuera de Estados Unidos.
«Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y entonces tenemos que sortear este estatuto de inmunidad, lo cual pensamos que vamos a ganar», dijo. «El estatuto simplemente no aplica; sólo aplica cuando estás en los Estados Unidos».
Shadowen añadió que prevé que este litigio dure varios años antes de resolverse y que ésta sería la primera demanda en su tipo que hace un gobierno extranjero contra fabricantes de armas estadounidenses.
Adam Winkler, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y experto en política sobre armas, consideró como «poco probable» que tenga éxito la demanda. Es «audaz e innovadora», dijo Winkler a la AP. «No hemos visto nada como esto antes. Los fabricantes de armas han disfrutado de amplia inmunidad frente a denuncias por dos décadas». Añadió que no hasta ahora no había visto que alguien argumentara que la ley de protección del comercio legal de armas de Estados Unidos aplique a daños cometidos sólo en ese país.
La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando, principalmente desde Estados Unidos.
En agosto de 2019, un hombre mató a tiros a 23 personas, incluidos ciudadanos mexicanos, en un supermercado Walmart en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ebrard dijo en ese momento que el gobierno estudiaría sus opciones legales. El gobierno dijo el miércoles que fallos recientes de tribunales estadounidenses contribuyeron a su decisión de iniciar la demanda.
Citó una decisión en California que autorizaba proceder en una demanda contra Smith & Wesson, una demanda presentada contra Century Arms relacionada con un tiroteo en 2019 en Gilroy, California, y el acuerdo alcanzado por Remington de pagar 33 millones de dólares a los familiares de algunas de las víctimas de la matanza en la escuela primaria de Newtown, Connecticut.
