La Corte Suprema israelí propuso ayer compromisos que paralizarían los desahucios de decenas de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. Los intentos de colonos judíos de expulsar a los vecinos de sus hogares ayudaron a desencadenar una guerra de 11 días entre Israel y milicianos de Gaza en mayo.
Los casos examinados el lunes afectaban a cuatro familias palestinas que agrupan a un total de unas 70 personas.
Los colonos llevan décadas tratando de desahuciar a las familias de barrios palestinos muy poblados junto a los muros exteriores de la antigua ciudad, en una de las zonas más sensibles de Jerusalén Oriental.
Los colonos afirman que las casas se construyeron en tierras que eran propiedad de judíos antes de la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. La ley israelí permite a los judíos reclamar esas propiedades, un derecho negado a los palestinos que perdieron tierras y viviendas en el mismo conflicto. Los palestinos dicen que hace décadas que poseen las propiedades.
Los casos llevan años de trámites judiciales y tribunales inferiores han aprobado los desahucios de las cuatro familias. La Corte Suprema tenía previsto dar su veredicto en mayo, pero aplazó su decisión después de que el fiscal general, ante el aumento de las tensiones, pidiera más tiempo para considerar los casos.
La Corte Suprema propuso dos compromisos en la vista del lunes, según Ir Amim, un grupo de Jerusalén de defensa de derechos humanos que apoya a los palestinos y estuvo presente en la vista.
La primera propuesta ofrece otorgar un estatus «protegido» a los residentes, lo que impediría los desahucios durante años a cambio de reconocer que los terrenos son propiedad de los colonos. Esta oferta permitiría a las cuatro familias legar sus propiedades a dos generaciones más.
Pero después de que las cuatro familias rechazaran el acuerdo, la corte propuso un plan distinto en el que las cuatro familias recibirían protección a cambio de reconocer que Israel tenía registro de que las propiedades tuvieron dueños israelíes antes, indicó Ir Amim. Los colonos rechazaron esa propuesta, mientras que las familias pidieron más tiempo para considerarla.
«El acuerdo era muy complejo, especialmente con el reconocimiento implícito de la titularidad del otro lado», dijo Ahmad Amara, consultor del equipo legal de las familias residentes. La corte dio a las dos partes una semana para responder, añadió.
La situación de las familias de Sheikh Jarrah ha atraído atención internacional y críticas por lo que los palestinos y grupos de derechos humanos describen como leyes inmobiliarias discriminatorias en Israel dirigidas a expulsar a los palestinos de Jerusalén para preservar su mayoría judía. El grupo israelí de derechos B’Tselem y la organización con base en Nueva York Human Rights Watch señalaron a esas políticas como ejemplo para afirmar que el país ha adoptado un régimen de apartheid.
Las semanas de protestas por los desahucios, marcadas por las agresivas tácticas policiales contra los residentes y manifestantes que les apoyaban, contribuyeron a agravar las tensiones que derivaron en una guerra el 10 de mayo, cuando los milicianos de Hamas en Gaza, que afirmaban ser defensores de la ciudad, lanzaron un aluvión de cohetes hacia Jerusalén.
El 21 de mayo entró en vigencia un alto el fuego, pero la larga campaña de los colonos judíos para expulsar a decenas de familias palestinas siguió adelante.
La amenaza de desahucio avivó protestas y enfrentamientos antes de la guerra y es una prueba para la nueva coalición de gobierno israelí, que incluye a tres partidos aliados de los colonos y una pequeña facción islamista. Por el bien de la unidad, el gobierno ha intentado dejar de lado las cuestiones palestinas para evitar fracturas internas.
Grupos israelíes de derechos señalan que hay otras familias palestinas vulnerables, y que más de 1,000 personas están en riesgo de desahucio.
