En esta imagen de archivo, manifestación cerca de la Casa Blanca contra la muerte de George Floyd y el abuso policial, en Washington. Foto La Hora/AP/Alex Brandon.

Más de un año después de la muerte de George Floyd y el diluvio de donaciones a causas de igualdad racial que ello generó, las cantidades reales de las donaciones y sus beneficiarios siguen siendo un misterio, lo que complica los intentos de evaluar su eficacia.

Según un reporte difundido hoy por PolicyLink, una firma de investigación dedicada a la igualdad racial y económica, y The Bridgespan Group, una firma consultora en Nueva York que ha asesorado a la filántropa multimillonaria Mackenzie Scott, más del 90% de las personas que donaron fondos a causas de igualdad racial en 2018 no han revelado cuánto donaron en 2020.

El estudio revela las dificultades que los expertos enfrentan a la hora de rastrear el dinero donado a causas dedicadas a la igualdad racial en una era de profunda reflexión en Estados Unidos sobre el pasado racista del país.

Hasta la fecha, sólo 1.500 millones de los casi 12.000 millones de dólares prometidos pueden ser directamente relacionados a beneficiados, de acuerdo con la organización de investigación filantrópica Candid.

Los resultados difundidos el jueves se basan en la comparación hecha por Candid de los datos de 2018 con los de 2020, el año más reciente del que se tienen cifras. Es usual que haya cierta demora en conseguir cifras de filantropía ya que primero deben ser registradas en las declaraciones de impuestos. Debido a esa limitación, los autores del estudio han hecho un llamado a las instituciones a compartir voluntariamente su información.

«Una de las principales conclusiones es que, por ahora, hay mucho que no es posible deducir de los datos relativos al 2020», explicó Laura Lanzerotti, socia de The Bridgespan Group.

Otra complicación en la recolección de datos es la falta de acuerdo sobre una definición exacta de «donaciones de igualdad racial». No hay un consenso en el sector sobre qué tipo de contribuciones se ajustan cabalmente a ese rubro.

Michael McAfee, presidente y CEO de PolicyLink, afirmó que es necesario llegar a un consenso para distinguir «entre los actos de caridad» y «el trabajo emancipador necesario para crear» una sociedad más equitativa y justa.

Eso, sin embargo, podría presentar otros desafíos, comentó Una Osili, subdirectora de investigaciones y programas internacionales de la Escuela de Estudios Filantrópicos de la Universidad de Indiana.

«Es posible que se necesite una definición más sistemática ya que esta labor requiere de delineamientos claros», expresó Osili. Sin embargo, añadió, el activismo orientado a influenciar políticas públicas podría no ajustarse a las actividades tradicionales de organizaciones caritativas libres de impuestos.

«Eso presenta otras complicaciones porque por lo general esas actividades son clasificadas como categoría aparte por el servicio de impuestos como grupos 501(c)(4)s», es decir, grupos que no reciben exenciones de impuestos.

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