La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó el miércoles que encontró «graves violaciones a los derechos humanos» en Colombia durante las protestas antigubernamentales y anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento que fue rechazado por el gobierno.
«Resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias», indicó el documento de observaciones y recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano.
Las protestas que comenzaron el 28 de abril contra una reforma fiscal, que fracasó por la presión ciudadana, se convirtieron en un estallido social motivado por la inequidad, la pobreza y la violencia. Según la Fiscalía 27 personas fallecieron en las manifestaciones y 11 más están en proceso de verificación. Esta cifra sería mucho mayor, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos.
A su vez se han abierto 220 investigaciones a miembros de la policía por presuntas faltas, entre ellas 16 casos por homicidio y 105 por abuso de autoridad, informó el Ministerio de Defensa recientemente.
La CIDH manifestó su preocupación por las «inconsistencias en las cifras registradas» por las distintas entidades del Estado, especialmente en el número de muertes y desapariciones, por lo cual recomendó a Colombia sistematizar dichos datos de forma «clara y transparente».
Además, constató que en «reiteradas ocasiones» y en varios lugares del país la respuesta del Estado se «caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal». Al respecto, el Estado colombiano indicó en un comunicado que estos eventos «han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que resultó necesaria la intervención» de la policía.
«Hay una serie de recomendaciones que acompañamos cuando ellos dicen que hay que investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito cometido… Esto es algo que el propio presidente Iván Duque ha exigido de parte de todas las entidades del gobierno», dijo a The Associated Press la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.
La presidenta de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, aclaró durante una rueda de prensa que no hay información que indique que hubo órdenes o instrucciones de alta jerarquía para el uso desproporcionado de la fuerza.
En su comunicado el gobierno colombiano rechazó algunas recomendaciones de la CIDH, entre ellas la de «separar a la Policía Nacional y su ESMAD (policía antimotines) del Ministerio de Defensa» para que se evite «toda posibilidad de perspectivas militares». Colombia explicó que la policía es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil» por lo que a su juicio no hay un enfoque militar. Además resaltó que prepara una reforma de la policía en la que se reforzará el enfoque de garantías a los derechos humanos.
«Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad… los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley y merecerán siempre el tratamiento que la constitución y la ley les otorga», dijo Duque el miércoles a los medios de comunicación.
La CIDH también le recomendó al Estado colombiano garantizar el «pleno goce del derecho a la protesta», promover el diálogo «genuino» desde el más alto nivel del Estado con los manifestantes, reparar a las víctimas e investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.
En cuanto a los bloqueos viales, que se contaron por miles durante las manifestaciones y que impidieron el tránsito de insumos médicos, alimentos y personas, la CIDH le recomendó al gobierno «abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas».
La vicepresidenta Ramírez aseguró a AP que aunque la mayor parte de los jóvenes han protestado de manera espontánea y pacífica «también hay gente que se ha infiltrado en estas protestas con una mala intención» y agregó que la policía ha incautado «más de 70,000 armas» durante las manifestaciones.
La CIDH presentó sus observaciones y recomendaciones tras una visita de trabajo a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en la que escuchó más de 300 testimonios de los sectores de la sociedad que se vieron afectados por las manifestaciones, entre ellos estudiantes, comunidades indígenas, sindicatos y periodistas. Además recibió informes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, organizaciones defensoras de derechos humanos y se reunió con el presidente Duque, sus ministros y los entes de control.
