RIO DE JANEIRO / AP
Las protestas contra el presidente Jair Bolsonaro se extendieron por todo Brasil el sábado, un día después que el Supremo Tribunal Federal autorizara una investigación penal a su respuesta a las acusaciones de posibles actos de corrupción relacionados con un acuerdo para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
Los manifestantes se reunieron en cientos o miles en más de 40 ciudades del país para exigir un juicio político en contra del mandatario o para demandar un mayor acceso a las vacunas contra el COVID-19.
“Si guardamos un minuto de silencio por cada muerto por COVID, estaríamos callados hasta junio de 2022”, se leía en la pancarta que sostenía un hombre en Belém, capital del estado de Pará. Más de medio millón de brasileños han muerto de COVID-19, según datos oficiales.
En su decisión del viernes, la jueza Rosa Weber, Supremo Tribunal Federal, señaló que la pesquisa se sustenta con una declaración reciente en una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19 por el gobierno.
Los fiscales investigarán si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, que implica demorar o abstenerse de una acción requerida como parte del deber de un funcionario público por motivos de interés personal. Weber no descartó la posibilidad de investigar otros posibles delitos.
La pesquisa se inició después que el jefe de la división de importaciones del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, reveló que sufrió presiones indebidas para aprobar la importación de 20 millones de vacunas de la farmacéutica india Bharat Biotech. Agregó que había irregularidades en las facturas y en particular en el pago por adelantado de 45 millones de dólares a una empresa con sede en Singapur.
Miranda testificó el 25 de junio ante la comisión del Senado junto con su hermano Luis Miranda, un legislador que hasta hace poco era aliado de Bolsonaro. Los Miranda dijeron que expresaron sus inquietudes directamente a Bolsonaro, quien les aseguró que informaría de las irregularidades a la Policía Federal.
Sin embargo, la Policía Federal no recibió pedido de pesquisa alguno, dijo a The Associated Press una fuente de la institución con conocimiento de las investigaciones. La persona habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente.
El secretario general de la presidencia, Onyx Lorenzoni, confirmó que Bolsonaro se reunió con los Miranda, pero sostuvo que presentaron documentos falsificados. Lorenzoni añadió que Bolsonaro ordenó que se investigara a los hermanos.
Bharat ha negado haber cometido delito una falta respecto al suministro de vacunas. Bolsonaro, a su vez, ha negado haber cometido delito alguno o tener conocimiento de corrupción y dijo a la prensa el 28 de junio que no puede saber lo que ocurre en todos sus Ministerios.
La decisión de la Corte Suprema que autoriza la pesquisa fue en respuesta a un pedido de tres senadores. La mayoría de los senadores de la comisión investigadora dijeron previamente a la AP que, una vez concluida la investigación, votarán por recomendar que se acuse a Bolsonaro de prevaricación, un delito que conlleva una pena de prisión de tres meses a un año y una multa económica.
En la protesta realizada en Río de Janeiro, Terezinha Zanata, una jubilada de 63 años, dijo que el gobierno ha manejado mal los asuntos relacionados con la violencia, el medio ambiente y los derechos indígenas.
“Esto es además de la indiferencia al tema de la pandemia”, subrayó Zanata, que se quejó de la lentitud de la campaña de vacunación y de un presidente que desde hace tiempo ha minimizado la gravedad de la enfermedad.
