En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron hoy una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la «liberación inmediata» de los opositores detenidos.
Entre ellos mencionaron a los cinco aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
El también periodista Mora fue arrestado el domingo. A su detención le siguieron la noche del lunes las del cronista deportivo Miguel Mendoza y la exdiputada liberal María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), informó la policía. En tanto, el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro denunció el allanamiento de su vivienda, donde no se encontraba en ese momento.
«Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», señaló la declaración.
El texto, que no fue firmado por los representantes de México y de Argentina, agregó que «instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».
México y Argentina, que se habían ofrecido como facilitadores de un posible diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA, llamaron el lunes a consulta a sus embajadores en Managua ante lo que calificaron como «preocupantes acciones políticas-legales» del gobierno sandinista.
En aparente respuesta, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó las «medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen desestabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país», informó el martes en Managua el portal gubernamental El 19 Digital.
«Nicaragua es un Estado libre e independiente, soberano y con autodeterminación y realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado de ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad», declaró Moncada a la televisión venezolana.
El ministro del Exterior sostuvo que los opositores arrestados en los últimos días «no son candidatos presidenciales» sino «directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y los destinan, precisamente, para desestabilizar el país».
Estados Unidos celebró la firma de la declaración en la ONU mediante un mensaje en Twitter de la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung, quien señaló que «el coro internacional que condena las acciones de Ortega y (la vicepresidenta y primera dama Rosario) Murillo crece cada día más».
La votación en Ginebra se produjo horas después de que la organización Human Rights Watch (HRW) instara a la ONU a «incrementar presión» sobre el gobierno de Ortega para revertir la «campaña de violencia y represión» contra los opositores y asegurar elecciones libres y democráticas el 7 de noviembre.
En un informe «Arremetida contra críticos en Nicaragua», HRW pidió a la ONU «intensificar su rol» ante la situación y recomendó invocar el artículo 99 de la Carta de esa organización internacional para que el Consejo de Seguridad trate el tema «como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región».
Señaló que los recientes arrestos parecen ser «parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo». Hasta el lunes por la noche habían sido detenidos 18 opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, una ex primera dama, dos exguerrilleros, dos ex vicecancilleres, dos empresarios y cuatro activistas.
«Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El informe de 38 páginas destacó que más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir tras la revuelta social de abril de 2018 y dos terceras partes de ellos ha buscado refugio en Costa Rica, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las protestas de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares afines al gobierno, con un saldo de 328 muertos, otros 2.000 heridos y cientos de detenidos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno sandinista sólo ha reconocido 200 fallecidos y atribuyó la rebelión a un «fallido golpe de Estado».
«Graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad», subrayó HRW.
Recordó que la reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, cuando HRW pidió a los países miembros de la ONU «presionar» a Ortega «para que cesara la brutal represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos».
Citando a organismos humanitarios de Nicaragua, el informe de HRW señaló que 124 personas críticas al gobierno estaban detenidas hasta junio y que «la mayoría había estado encarcelada por más de un año». Agregó que entre las prisioneras «hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención».
Indicó que entre enero y junio HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluidos 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores que fueron víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. Añadió que el 14 de mayo solicitó información oficial sobre esos casos, pero no ha recibido respuesta.
Tras señalar que «Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad», el informe calificó de «detención arbitraria» el asedio que realizan policías «y a veces militares» frente a las casas de opositores, a quienes les impiden salir incluso a citas médicas o a llevar a sus hijos a la escuela.
El documento indicó que Ortega usó su mayoría en el Parlamento para aprobar reformas electorales «que impiden que candidatos opositores participen en las elecciones», mientras designó a «simpatizantes de su partido» como nuevas autoridades del Tribunal Electoral y bloqueó la participación de una de las dos principales coaliciones opositoras que competirían en los comicios de noviembre.
Ortega, que gobernó por primera vez de 1985 a 1990, volvió al poder en 2007 y a sus casi 76 años busca su tercera reelección para un quinto mandato presidencial, el cuarto de forma consecutiva.
«No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos», dijo Vivanco.
