La policía colombiana ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas que han sacudido al país sudamericano y algunos de sus elementos serían los responsables de la muerte de al menos 20 manifestantes, aseguró la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en un reporte sobre el comportamiento reciente de las fuerzas de seguridad.
En su informe «Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes», HRW afirmó tener «evidencia creíble» para señalar que la policía habría matado a 16 manifestantes por disparos de arma de fuego, a otros tres por impacto de cartuchos de gas lacrimógeno y a uno más por una golpiza.
Además, el reporte plantea un panorama de violencia mayor al dado por las autoridades colombianas. Según la organización, tiene «información creíble» sobre 68 muertes ocurridas durante las protestas, 34 de las cuales logró confirmar el propio grupo, entre ellas las de dos policías.
Hasta ahora, el gobierno colombiano ha reconocido, a través del Ministerio de Defensa, sólo 18 muertes relacionadas con las protestas y nueve más que dice que está en proceso de verificación. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reporta 54 muertes.
El informe de HRW es divulgado poco más de un mes después de que iniciara una serie de protestas en contra de un plan gubernamental para incrementar los impuestos. El gobierno retiró la propuesta, aunque las manifestaciones continuaron debido a que la gente ha extendido su molestia a la situación de inequidad, pobreza y desempleo que se incrementó durante la pandemia del coronavirus.
«Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La policía ha estado bajo críticas constantes de organismos de derechos humanos por su actuación para enfrentar las protestas y en algunos videos registrados durante las manifestaciones se ha capturado a agentes que disparan a algunos de los asistentes. El presidente Iván Duque ha dicho que todos los casos de abuso policial serán investigados y debidamente sancionados, sin embargo ha insistido en que se trata de casos aislados.
«Colombia no es un país violador de derechos humanos, tenemos dificultades, pero las afrontamos con la justicia», dijo el martes ante los medios la Consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
Según el reporte de HRW, la «mayoría» de las lesiones por arma de fuego que provocaron la muerte de algunos de los manifestantes se ubicaron en órganos vitales como el tórax y la cabeza, lo cual según funcionarios judiciales consultados por la organización, indicaría que fueron hechas con «intención de matar».
Uno de los casos documentados es el de Kevin Agudelo, un joven de 22 años que murió el 3 de mayo en Cali, al suroccidente del país, cuando participaba en una manifestación pacífica. El Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG), una organización consultada por HRW, revisó fotografías de su cuerpo y determinó que el joven tenía marcas usualmente ocasionadas por heridas de bala en el tórax y el brazo izquierdo. Además, un funcionario judicial indicó a HRW que la evidencia inicial apunta a que la policía fue responsable del tiroteo. La familia de Agudelo aseguró recientemente a The Associated Press que todavía no conocen el dictamen forense oficial.
La organización también advierte sobre un uso indiscriminado de armas no letales contra los manifestantes e indica que algunos policías las habrían accionado directamente hacia los cuerpos y no de forma parabólica, lo cual provocó la muerte de al menos tres personas.
Brayan Niño Araque, de 24 años, recibió un impacto en su ojo cuando protestaba en Madrid, Cundinamarca, el 1 de mayo, y según los expertos forenses de IFEG aunque una muerte por esta herida causada por gases lacrimógenos no es usual, puede ocurrir cuando reciben disparados directamente a la cabeza de los individuos generando lesiones cerebrales. HRW indicó que corroboró videos en los que tanquetas de la policía aparentemente disparan gases lacrimógenos a los manifestantes esa noche.
Pese a las denuncias, que se han acumulado durante 40 días de estallido social contra las reformas y políticas del gobierno, las investigaciones no avanzan con celeridad ni en la Fiscalía ni dentro de la Policía y la Justicia Penal Militar. La Fiscalía señaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que para el 5 de junio habían imputado a 4 personas por su presunta responsabilidad en dos homicidios ocurridos en el marco de la protesta.
Además, la mayoría de los policías que están siendo investigados disciplinariamente continúan en sus funciones: de 170 casos, sólo dos han sido suspendidos, según indicó la Policía a HRW. Los datos oficiales públicos señalan que la mayoría de esas investigaciones son por abuso de autoridad y que sólo 13 agentes por presuntos homicidios.
La policía también está en el foco por violencia basada en género. HRW documentó al menos dos casos y la Defensoría del Pueblo -institución estatal encargada de velar por los derechos humanos- denunció 14 casos de agresión sexual y 71 de violencia de género que incluyen agresión física y verbal.
Aunque la Policía ha capturado a más de mil personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas, cientos de ellos fueron puestos en libertad debido a que los jueces no encontraron evidencia que los vinculara al delito o concluyeron que no se les garantizó el debido proceso. HRW aseguró que en algunos casos los cargos fueron desproporcionados y recalcó que las autoridades no deben utilizar arbitrariamente las acusaciones de «terrorismo» en casos de delitos menores.
La situación de derechos humano en Colombia está siendo verificada in situ por la CIDH en una visita oficial hasta el 10 de junio.
Miles de manifestantes han sumado a sus exigencias una reforma estructural a la policía, por lo que el presidente Duque anunció que propondrá al Congreso un proyecto para su «transformación» en el que se incluirá una dirección de derechos humanos. Sin embargo, HRW considera que los cambios anunciados «no alcanzan» para prevenir las violaciones de derechos humanos ni garantizar justicia efectiva para las víctimas.
