Lim Chul-ho, en el centro, hijo de un trabajador forzoso ya fallecido, habla en la Corte del Distrito Central de Seúl, Corea del Sur. Foto La Hora/AP/Ahn Young-joon.

Un tribunal surcoreano rechazó ayer una demanda de docenas de trabajadores coreanos y sus familiares, que reclamaban una compensación a 16 empresas japonesas para las que trabajaron como esclavos durante la ocupación colonial japonesa en Corea.

La decisión de la Corte del Distrito Central de Seúl parecía ir en contra de los fallos históricos de la Corte Suprema de 2018, que ordenaron a Nippon Steel y Mitsubishi Heavy Industries compensar a los trabajadores forzosos.

La decisión coincide en gran parte con la postura del gobierno japonés, que insiste en que todas las compensaciones se resolvieron en el tratado de 1965 que normalizaba las relaciones entre los dos países.

Un total de 85 demandantes reclamaban en total 8.600 millones de wons (7,7 millones de dólares) en indemnizaciones a 16 empresas japonesas, incluidas Nippon Steel, Nissan Chemical y Mitsubishi Heavy Industries.

La corte desestimó su demanda civil tras concluir que el tratado de 1965 no permite que los ciudadanos surcoreanos emprendan acciones legales contra el gobierno japonés o ciudadanos japoneses por agravios registrados durante la guerra y la ocupación colonial. Aceptar la demanda, señaló el tribunal, violaría el principio del derecho internacional de que los países no pueden emplear su ley nacional como justificación para no cumplir un tratado.

Algunos demandantes dijeron a la prensa ante la corte que tenían previsto apelar. Lim Chul-ho, de 85 años e hijo de un trabajador forzoso ya fallecido, dijo que la corte había tomado una decisión «patética» que nunca debió producirse.

«¿De verdad son jueces surcoreanos? ¿De verdad es esta una corte surcoreana?», preguntó. «No necesitamos un país o un gobierno que no protege a su propia gente».

El Ministerio surcoreano de Exteriores indicó en un comunicado que respetaba las decisiones de las cortes el país y que estaba dispuesto a entablar conversaciones con Tokio para encontrar soluciones «racionales» que puedan satisfacer a ambos gobiernos y a las víctimas.

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