El presidente filipino ha rechazado la revelación pública de detalles de la mortífera represión antidrogas de su gobierno por razones de seguridad nacional.
El presidente Rodrigo Duterte dijo por televisión que la divulgación de datos de inteligencia sobre los sospechosos que se usan en las operaciones contra la droga podría perjudicar la campaña de su gobierno contra la delincuencia. Grupos de derechos humanos han reclamado desde hace tiempo la apertura de los archivos policiales y que Duterte acceda a una investigación internacional, a lo que él se opone.
Duterte comparó la represión antidrogas con la guerra de su gobierno contra las guerrillas comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA por sus siglas en inglés).
«Éste es un asunto de seguridad nacional como el NPA», dijo.
El mandatario expresó que la gente podía preguntar sobre los detalles generales de los operativos antidrogas e incluso observarlos a la distancia. «Pero si ustedes preguntan qué llevó a la policía y las fuerzas armadas a realizar esta clase de operaciones sobre la base de sus informes y sus expedientes cotejados, no pueden entrometerse en eso», y añadió que él mismo tenía conocimientos parciales sobre las operaciones.
Más de 6,000 sospechosos, en su mayoría de delitos menores relacionados con las drogas, han sido abatidos y otros 289,000 arrestados desde que Duterte lanzó su campaña tras asumir a mediados de 2016, de acuerdo con estadísticas oficiales. Los grupos de derechos humanos sostienen que las cifras reales son mucho más altas.
La Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación de las denuncias de posibles crímenes de lesa humanidad.
