Hoy estamos publicando una seria Investigación sobre lo que cuesta una toga, es decir, la investidura como juez en el sistema de justicia de Guatemala. En cualquier país del mundo lo que se valora fundamentalmente es la capacidad, el conocimiento del derecho y la rectitud de los aspirantes, pero en Guatemala lo que determina un nombramiento no es solo el dinero que pueda pagar el aspirante y que llega hasta los 350,000 quetzales, sino fundamentalmente la “lealtad” que no es para administrar la ley correctamente, sino para asegurar que los fallos sean acordes con lo que esperan las mafias que dirigen todo.
Si a uno le dicen que los jueces de un país son leales cualquiera supone que eso significa apego a la ley y a la justicia, pero acá es diferente porque la lealtad se mide por la disposición del togado para resolver de conformidad con las normas no escritas, esas que están en plena vigencia y que se traducen en el objetivo central del modelo guatemalteco: la impunidad como norma. Media vez los que compran la justicia logren su cometido, cualquier juzgador es aplaudido y hasta se abre camino para pasar de juez de paz a juez de instancia y, si es lo suficientemente comedido y tiene los conectes indispensables, hasta puede llegar a ser magistrado de Sala, de la Corte Suprema de Justicia o aún de la Corte de Constitucionalidad.
La meritocracia no tiene que ver en absoluto con el conocimiento de la ley y el actuar apegado a ella; tiene que ver con la disposición que se tenga para apuntalar el sucio modelo que se fue imponiendo desde aquellas “comisiones paralelas” que contaminaron la postulación de los administradores de justicia. Y si los magistrados tienen que asumir compromisos sucios, no pueden esperar que un pinche juez se comporte “deslealmente” fallando en contra de lo que manda el sistema, es decir, que castigue a quien se roba fondos públicos.
Por ello es que en La Hora sostenemos que poco podrá componerse en el país mientras la justicia siga secuestrada por las mafias, mismas que igual perdonan a los que se roban el dinero público mediante la contratación de obras de pacotilla y sobrevaloradas como a los que trafican drogas o viven de las extorsiones. El verdadero criminal tiene en Guatemala un paraíso, mismo que fue edificado con cuidado especial por los que han vivido del robo de los fondos públicos y que, desafortunadamente, son muchísimos.
Y lejos de que el cambio de gobierno trajera una nueva estirpe, que contribuyera a desmantelar el viciado sistema, prefirió entrar al juego para seguir repartiendo contratos a cambio de oscuras componendas.
