Por el descalabro de la infraestructura, resultado de la forma en que la corrupción se adueñó del país, se promovió una Ley de Infraestructura Vial Prioritaria cuya finalidad es crear mecanismos de agilidad en el proceso de contratación de obra pública. La prioridad es indiscutible porque llevamos años que cada licitación que se hace únicamente sirve para que los largos se embolsen millones y la consecuencia es la ejecución de “obras”, si así se pueden llamar, que son auténticos mamarrachos porque atrás de cada una de ellas lo que hubo fue esa danza de mordidas y robos.
El tema cobra relevancia ahora que, tras detectar posibles sobrevaloraciones en la contratación para hacer puentes absolutamente necesarios, se pudo establecer la vía superexpedita que se siguió y, lo más importante, que las autoridades no hicieron una convocatoria abierta para que pudieran hacer ofertas todas las empresas interesadas -y capacitadas, por supuesto- sino que se formuló una invitación a un reducido número de “constructores”, la mayoría de ellos sin experiencia de mérito en tal tipo de obras. El Ministerio de Comunicaciones no ha querido responder a las preguntas formuladas sobre cuál fue el criterio que determinó a qué empresas se invitaría ni cómo se les calificó para tamaño privilegio.
En una conferencia de prensa, hace meses, el presidente Bernardo Arévalo dijo que el problema era que las empresas experimentadas no participaban. Muchos han respondido que no hay interés en participar en eventos ya “arreglados”, mismos que ya tienen al ganador designado, porque para licitar hay que invertir tiempo y recurso en preparar ofertas y conseguir fianzas, entre otros. Lo que no le han contado al Presidente en este negocio de los puentes que llora sangre, es que aquí participaron los que ya estaban invitados y/o apalabrados y tenían plena visibilidad de lo que venía. Por eso les dio tiempo de tener fianzas listas y más porque no olvide que el 25 de junio del presente año fue jueves y el asueto del 30 se adelantó, lo que siempre tiene impacto en los llamados asuetos bancarios.
Por eso es que el Ministerio de Comunicaciones y quienes dirigen los hilos en ese ministerio tipo el famoso “Centro de Gobierno”, no quieren liberar la información porque lo burdo solo los pondría en más evidencia.
Ahora resulta, entonces, que se cumple el viejo dicho que en Guatemala es parte de los elementales principios del derecho: “Hecha la ley, hecha la trampa” y justamente así se operó en el manejo de una ley que pudo tener excelentes intenciones para emprender la reconstrucción de nuestra infraestructura pero que, como siempre pasa, termina abriendo de par en par la puerta a los corruptos que simplemente se renovaron en los altos mandos de muchas instituciones. Baños de pureza que terminaron en chorros interminables de continuidad de un sistema que desangra a los guatemaltecos. Si la ley de Comisiones de Postulación se hizo para arrebatar a los políticos el nombramiento de autoridades independientes para darle esa responsabilidad a la academia, el resultado fue la prostitución de mucha de la academia, al punto de facilitar hasta la reelección fraudulenta del Rector NO Magnífico y eso mismo causó la nueva Ley de Infraestructura. Urge retomar el camino y por eso el silencio no debe ser la opción.
En el caso presente es imposible ocultar o siquiera disfrazar el comportamiento de las autoridades, mismas que están en esos puestos por un mandato clarísimo de la población para acabar con las mafias y que, por lo que estamos viendo, simplemente trajo una renovación de las mismas, pues las operaciones se hacen con los mismos patrones del pasado que llevaron a miles de guatemaltecos a las urnas para darle un viraje substancial al país, sueño que no pasó de allí porque, entre la pasividad y tolerancia de unos y la viveza de quienes les rodean, la podredumbre sigue imperando.
