Hoy publicamos una importante investigación periodística que expone por qué nuestra justicia ha llegado a caer tan bajo, al punto de que lejos de ser cimiento del Estado de Derecho es responsable del descalabro existente en el que los delincuentes reciben beneficios y la gente honesta es sujeta a persecución. Una llamada telefónica a la que tuvo acceso La Hora por medio de diversas fuentes, en la que se negocia el nombramiento de alguien para trabajar en los tribunales nos hace ver claramente que la ley está en manos del mejor postor y que, quien compra un puesto, también vende el alma al convertirse en un instrumento más del régimen centrado en la impunidad porque sea como sea, “tiene que recuperar lo que pagó”.
La explicación detallada de que hay que pagar para lograr un puesto, salvo que se cuente con el respaldo del sindicato o de algún político o alto funcionario, refleja la dramática situación en que hemos caído y que se viene consolidando desde hace ya muchos años. De hecho, desde que empezaron a operar las llamadas comisiones paralelas dentro de las postuladoras, todo ha respondido a un bien elaborado y ejecutado plan, que inicialmente fue para proteger a los corruptos, funcionarios y contratistas, pero que con el tiempo ha beneficiado a distinto tipo de actores del crimen organizado, especialmente al narcotráfico que dispone de los recursos más que suficientes para comprar a los administradores de justicia de Guatemala.
Desde hace tiempo La Hora ha venido informando sobre las mañoserías que se dan en el Organismo Judicial y, en general, en todo lo relacionado con la justicia en nuestro país. El acceso que ahora se tuvo para escuchar una grabación en la que la persona encargada de administrar los puestos explica con toda precisión y detalle cuáles son los requisitos para lograr un nombramiento en los tribunales es un elemento muy preciso para corroborar todo lo que antes ya habíamos publicado respecto a cómo las mafias se han empoderado. Aquí en La Hora sí publicamos cosas que podemos demostrar porque eso es vital en el periodismo de calidad. Y es que si los empleados menores saben que la justicia está para hacer negocios, obviamente también ellos tratan de llevar agua a su molino, aunque sea en proporciones que, comparadas con lo que hay que pagar por una resolución favorable, parezcan de ínfima cuantía.
Esta situación la hemos conocido los guatemaltecos desde hace años, pero terminamos siendo cómplices porque con nuestro silencio e indiferencia alentamos esos comportamientos. No se puede alegar ignorancia ante una realidad tan pública y patética que florece, repetimos, gracias a nuestra actitud como ciudadanos nos desentendemos del descalabro.
No somos creadores del régimen de impunidad, pero obviamente lo hemos tolerado de tal forma que lo terminamos estimulando, pues los corruptos y sus protectores viven tranquilos sabiendo que el chapín mueve poco los dedos para acabar con las mafias y exigir rendición de cuentas.
