Hoy publicamos un importante trabajo de investigación relacionado con la muerte del contratista del Estado y líder religioso, Enrique Ponsa Molina, ocurrida el 3 de marzo de este año cuando fue acribillado en la 7ª. avenida y 16 calle de la zona 9. El crimen no fue investigado seriamente, pese a que existía una denuncia por manejos sospechosos de multimillonarias cifras, tema que -como era costumbre- no avanzó en el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Las características del asesinato no dan lugar a pensar que hubiera sido uno de los tantos asaltos que se cometen en importantes vías de la ciudad y que en algunas ocasiones producen la muerte de la víctima. Era obvio que fue un ataque planificado y ejecutado con la intención de eliminar a Enrique Ponsa Molina, lo que induce a reflexionar como lo que pudo empezar por el manejo de fondos públicos, ha escalado haciendo presente el interés de diversas formas de crimen organizado que sacan provecho de la debilidad de nuestro sistema de contrataciones.
Es obvio que inicialmente fueron los corruptos de fondos públicos los que montaron el régimen de impunidad y aniquilaron la capacidad de fiscalización en el manejo de tales fondos, pero todo se volvió de tal magnitud y tan atractivo que no quedó solo entre los políticos mañosos y sus socios contratistas, sino que fueron muchos los que vieron la oportunidad de incrementar sus ganancias, hacer lavado y hasta coludirse con el narcotráfico. La ausencia de investigaciones serias en temas como el del lavado de dinero, en el que sin duda participaron hasta las más altas figuras públicas, hizo que fueran muchos los que decidieran aprovechar esa falencia de nuestro sistema de justicia y de investigación penal.
La investigación es clave para responder preguntas que quedan en el aire. ¿Puede ser que Ponsa haya sido atacado porque algunos de sus socios sintieron que en el lavado de dinero hubo operaciones que no respondían a los arreglos iniciales? ¿Fue un asalto común y corriente? ¿Había el señor Ponsa girado de alguna manera que pudieron denunciar algo de lo que estaba pasando? Son preguntas que solo con una investigación seria podremos saber.
Hay que entender que el país se ha ido sumiendo en un modelo de podredumbre que no solo impide inversión social para generar bien común, sino que atrae a todo tipo de organizaciones criminales que no se andan con chiquitas a la hora de pasar cuentas.
Las autoridades han presentado ante el MP muchas denuncias sobre lo que ellos califican como “operaciones sospechosas” y en el caso de Ponsa se advirtió sobre un grupo integrado por más de 20 empresas y 5 personas individuales que movilizaron 650 millones de quetzales en un lapso de menos de cuatro años, sin que hubiera investigación porque el MP se encargó de proteger a los grandes beneficiarios de la corrupción que, desde la más alta esfera del Estado, facilitaban negocios y recibían millonadas de dólares que colocaban en el extranjero.
La corrupción fue solo el inicio, pero ahora es mucho más lo que hunde al país en un modelo de absoluta perversión y debemos reaccionar antes que sea demasiado tarde.
