El principio general del derecho que establece que la justicia tiene que ser pronta y cumplida no tiene absolutamente nada que ver con el sistema judicial guatemalteco; se estima mundialmente que debe haber 17 jueces por cada 100,000 habitantes, pero en Guatemala apenas se llega a 7.7 jueces para cubrir esa cantidad de pobladores, con el agregado de que hay departamentos en los que apenas si hay tres o cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes.
Hoy publicamos un muy serio e importante trabajo relacionado con el caso de la juzgadora Rosmery Janeth Rosil Santos, quien además de atender el tribunal a su cargo fue designada para cubrir, simultáneamente otro juzgado de paz civil en Guatemala, situación que además de ser laboralmente injusta, impide que se pueda atender como debe ser a quienes tramitan procesos en ambos tribunales. Y el caso no es único, puesto que el mismo Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, al responder a la Jueza Rosil cuando ella se quejó de la acumulación de trabajo, dijo que no dispone de jueces suplentes para cubrir vacantes, alegando, entre otros factores, que están sin titular 80 plazas ocupadas por aspirantes que ahora están en el Programa de Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia.
Y es que además del problema estructural que hay en el Organismo Judicial debemos recordar que para ser nombrado juez existe un requisito no escrito que se tiene que cumplir al pie de la letra. Todo aspirante es condicionado porque las designaciones son negociadas. Hay quienes aceptan ser parte del trato de la impunidad y hay otros que rechazan las malas prácticas, pero saben que su camino de crecimiento queda minado y su independencia se vuelve un asunto de mera sobrevivencia. Los condicionan a impedir sanciones a criminales, tanto mordelones como traficantes.
El caso de la juzgadora Rosil Santos es ilustrativo del desmadre que impera en la administración de justicia que desde hace años dejó de ser pronta, no digamos cumplida, puesto que su razón de ser fue desvirtuada por los sucios arreglos que salen desde las mismas comisiones de postulación en las que la condición esencial para designar magistrados, tanto de salas como de la CSJ, es que estén alineados con el diseño que se hizo entre las mafias.
Venimos insistiendo en que el pueblo de Guatemala tiene que tomar conciencia de la realidad en que nos toca vivir porque sin una decidida y comprometida acción de la sociedad, será imposible salir de ese gravísimo atolladero mismo que no surgió por casualidad ni descuido, sino que fue cuidadosamente planificado y ejecutado por quienes hasta crearon algunas universidades para controlar las postuladoras e hicieron fraudes para mantener rectores comprometidos con esa terrible causa.
Urge salir del letargo porque, tarde o temprano, todos seremos víctimas de ese modelo judicial descuartizado.
