En el año 2024 se emitió la Ley de Competencia mediante la cual se pretende privilegiar la competencia evitando prácticas anticompetitivas para proteger a los consumidores. Como pasa con mucha de la legislación guatemalteca, hecha la ley hecha la trampa, la que en este caso se centra en la incapacidad de los designados como miembros de la Superintendencia de Competencia que lejos de avanzar en sus funciones acorde a la ley y estar listos para investigar cualquier posible práctica anticompetitiva a partir del año entrante, se muestra totalmente incompetente para cumplir sus fines porque algunos de sus integrantes están centrados en disputas personales.
Por mandato de ley, el directorio de la entidad se integra por representantes titular y suplente nombrados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República y la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y no fue secreto para nadie que el primer escollo estuvo en la designación del Superintendente de la entidad, Jorge Miguel Castillo. Una facción se inclinaba por alguien más para, según ellos darle fuerza a la creación de la institución, pero dados los fantasmas de las ideologías, se decantaron por Castillo y el resto es historia porque basta ver la realidad que hoy se ha construido. Que Castillo use un abogado que fue ligado a robo de propiedades, habla por sí solo de la autoridad que eligieron y hay que tener humildad para reconocer el error y enmendar.
Los dimes y diretes, que se han convertido en líos entre los miembros del directorio han entrampado la actividad de la entidad y desde el 10 de marzo de este año, Castillo, quien fungía como Superintendente, renunció al cargo para luego declinar. Declinación que no fue conocida por el directorio durante 4 meses y fue aceptada hasta después de que él decidiera retirarla en este mes de julio. El dilema de quién ejercía la representación legal hizo que la aceptación de la renuncia se postergara, pero luego Castillo salió con una jugada que aceleró su aceptación de la renuncia.
El desmadre que existe en esa entidad es un reflejo de lo que ocurre en muchas de las instituciones del país porque Guatemala dejó hace años de ser un Estado que se ocupa y preocupa por el bien común, de la institucionalidad y las necesidades de la población, ya que todo gira alrededor de los sucios pactos y oscuros negocios que han acabado con la legalidad y hasta la justicia. En ese contexto se tiene que decir que sobre esa ruta va la Superintendencia de Competencia y se vuelve fundamental que se corrija el rumbo por el bien del país, de la institución y de la libre competencia.
En el libre mercado una de las piezas fundamentales es la libre competencia para garantizar que mediante ese mecanismo las operaciones terminen siendo beneficiosas para el consumidor y ese fue el espíritu de la ley que fue aprobada por el Congreso pero que, como ocurre con mucha de nuestra legislación, en la práctica no llega a lograr los objetivos que las inspiraron. Es necesario que el director Guzmán y el exsuperintendente trabajen con la ley en la mano para lograr los acuerdos dentro del marco de la ley.
Guzmán quiso evitar un nuevo proceso para la elección del nuevo Superintendente y hasta jurídico de la Superintendencia que fijó postura en la necesidad de un nuevo proceso. Esta nueva oportunidad no puede ser desaprovechada porque el tiempo pasa y si el país falla en esto, le podemos dar un tiro de gracia a la creación de instituciones.
Que a la Superintendencia de Competencia le pase factura lo que puede ser una enorme incompetencia es lo que no deseamos para Guatemala y por eso, se debe corregir el rumbo.
