El Fiscal General de la Nación, Gabriel García Luna, ha emprendido un enorme esfuerzo por reestructurar el Ministerio Público que desde hace ocho años fue convertido en una pieza del modelo de corrupción e impunidad; en efecto, Consuelo Porras despidió a los fiscales más eficientes y comprometidos porque, para cumplir con el pacto que hizo para ser nombrada, no podían estar allí quienes creían que el trabajo que les correspondía era perseguir toda clase de delitos, lo cual no entraba en el esquema montado.
Durante ocho años la carrera de los fiscales más comprometidos fue eliminada y con ello se destruyó la esencia misma del Ministerio Público, cosa que sabemos todos los guatemaltecos que vimos las mañas para ocultar delitos de corrupción y lavado de dinero, centrando la persecución penal en contra de los críticos del sistema. Cambiar ese descalabro armado a lo largo de ocho años no es tarea sencilla, pero es un reto histórico impostergable, porque el rumbo de nuestra justicia empieza torcido cuando el ente que tiene la responsabilidad de la investigación criminal fue destruido con toda precisión.
García Luna, quien ha vivido en el Organismo Judicial a lo largo de su carrera, también entiende que cambiar únicamente al MP no es suficiente porque hay un sistema en el que, para ir ascendiendo, se tienen que hacer pactos con los grupos tenebrosos que manejan las postuladoras; los jueces honrados, que aún hay, no solo no pueden aspirar a una magistratura sino saben que únicamente podrán conocer casos de poca importancia porque los que realmente tienen que ver con una justicia ejemplar se acomodan en los tribunales donde están los que se han comprometido con los famosos postuladores.
Si el reto de rescatar el Ministerio Público es descomunal, pensemos por un momento en lo que hace falta para emprender el rescate del sistema de justicia en su conjunto, situación que va más allá de simples reformas legales porque tiene que haber un auténtico pacto de nación que permita el diseño de una nueva estructura en la que los juzgadores no tengan que negociar con las mafias para ocupar los puestos, situación que se ha vuelto parte del modelo actual.
El sueño de que la Academia podría depurar el sistema de justicia postulando únicamente a los más honestos y competentes nunca se convirtió en realidad y lo que se hizo fue prostituir a buena parte de la Academia, tanto así que se volvió el objetivo de las mafias y si no que lo diga la misma Universidad de San Carlos, la Tricentenaria, que opera bajo el mismo modelo de las universidades de garaje.
García Luna está actuando y poniendo el dedo en la llaga. Los ciudadanos tenemos que entender nuestro rol y actuar para salir del atolladero.
