El Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, cumplió su primer mes al frente de esa institución que es vital para el rescate del sistema de justicia y, aunque fue designado en el cargo para un período de cuatro años, se sabe que en el Congreso los diputados que sacaron frustradamente las uñas con la Ley de Lavado de Dinero moverán sus piezas para cambiar la ley del MP y permitir que el futuro Presidente pueda removerlo. Eso hace que hablemos del año y medio que tendrá garantizado para ejecutar las acciones que reviertan la podredumbre que imperó durante el tiempo de Consuelo Porras, destruyendo o enterrando los casos más sonados de corrupción y lavado de dinero. Es vital entender los miedos de los diputados que quisieron condicionar la aprobación de la ley de lavado con las reformas a la ley del MP.
En este primer mes hubo decisiones importantes que abren el camino a cambios más trascendentales, empezando por la anunciada reestructuración de las fiscalías y el viaje a Washington en el que se lograron acuerdos para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, bandas de criminales que comparten intereses y gustos, disfrutados a todo vapor con la protección de total impunidad que brindó el Ministerio Público de Porras.
Pero el tiempo sigue su marcha y los beneficiarios del régimen de justicia cooptada existente en Guatemala esperan que los avances que se puedan lograr en este año y medio sean insuficientes para destruir la estructura creada para mantener el control absoluto de todo el sistema de justicia. Por ello es en verdad urgente que se agilice el paso para avanzar en desenterrar todo lo que fue sepultado durante la gestión anterior, especialmente en lo relacionado con negocios de los dos últimos expresidentes y sus allegados, destacando el Jefe de Jefes que presumió del poder que llegó a tener gracias a su relación amorosa con Alejandro Giammattei. Ellos y sus contratistas favoritos, tienen muchas cuentas que rendir.
Hay denuncias concretas que deliberadamente y por orden expresa de Consuelo Porras fueron desestimadas y hasta destruidas para no dejar rastro. No digamos las que presentó la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos con relación a la forma en que utilizaron a sus allegados para “lavar” el dinero sucio que se habían embolsado. Casos en los que el dinero fue a parar a la China, literalmente hablando.
Más vale ser mal pensado que pecar de exagerado optimismo y por ello planteamos al Fiscal General García Luna la urgencia de acelerar el paso porque cuando Arévalo entregue el poder dentro de unos días más del año y medio, seguramente moverán cielo y tierra para recuperar el Ministerio Público y colocar a alguien como Consuelo Porras, diligente y dócil para apañar la corrupción.
