La Hora ha venido insistiendo desde hace muchos años en la urgente necesidad de rescatar nuestro sistema de justicia que terminó siendo puesto al servicio de las mafias que se enriquecen con la corrupción, pero que poco a poco se fue poniendo también de alfombra para otros tipos de crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y la narcopolítica. Desde la misma creación de las Comisiones de Postulación conformadas por el mundo académico, planteamos el riesgo de que las universidades del país pudieran convertirse en presa de las mafias al ver las atribuciones que se les dieron para ir conformando el sistema de justicia y de controles a la corrupción.
Esta semana se ha conocido una iniciativa ciudadana que pretende aglutinar a la población alrededor de la necesidad de cambiar los mecanismos existentes para la elección de magistrados de la CC, el TSE y las diversas cortes, del Jefe del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. La prueba más fehaciente de la forma en que se prostituyó parte de la academia debido a su participación en las postuladoras, está en la misma Universidad de San Carlos, controlada por un Rector impuesto tras dos burdos fraudes electorales que se explican, totalmente, por el peso de la Usac en las postulaciones para diferentes puestos clave de la justicia y la fiscalización.
Tras los fraudes electorales de los años setenta, en el Consejo de Estado de 1982 surgió la idea de arrebatar a los políticos el control de la justicia y del sistema electoral, entregándolo a la Academia, que entonces gozaba de mucho prestigio. Hubo una voz en el Consejo de Estado, la del abogado César Augusto Toledo Peñate, quien recordó que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y dijo, sin tapujos, que esa propuesta aparentemente saludable, iba a corromper a la Academia.
Dicho y hecho, puesto que no sólo empezaron a surgir universidades que fueron calificadas como de garaje, de cartón o de fachada, sino que además empezaron a moverse piezas tanto en la Universidad Nacional como en algunas Universidades privadas que sufrieron el impacto de maniobras con intereses políticos para hacerse con el control de las mismas.
Buscar un mecanismo que permita el rescate de la justicia es una necesidad impostergable en Guatemala, pues lo que tenemos ha alentado el papel protagónico de diversas formas de crimen organizado, empezando por los saqueadores del erario público hasta llegar a poderosas redes como las del narcotráfico. Un sano debate es urgente y no podemos postergar más las necesarias acciones indispensables para restablecer la verdadera justicia y salir de los hampones que la tienen maniatada gracias al papel que juega alguna parte de la Academia que se pudrió, cabalmente, para controlar a las postuladoras.
