Empezamos por reproducir textualmente lo que dice el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice así: “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.
Esta semana Emisoras Unidas hizo una solicitud expresa y concreta al Ministerio Público para obtener información de los salarios devengados por Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y los fiscales regionales, pero el Departamento de Comunicación negó la información solicitada afirmando que “esa información se considera reservada por disposición legal” violando abierta y descaradamente la norma constitucional que nos da a los ciudadanos el derecho a conocer todos los actos de la administración y, por supuesto, aquellos que tienen que ver con el uso que se haga de los recursos que provienen de nuestros impuestos.
El salario de los fiscales no tiene nada que ver con asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional ni son datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Simple y sencillamente el ciudadano tiene todo el derecho a saber cuánto ganan los funcionarios públicos y si éstos no quieren que se conozcan sus ingresos, simplemente tienen que dejar el puesto y dedicarse a actividades privadas.
Nadie puede sorprenderse que en el Ministerio Público existan funcionarios que pisotean el derecho y violan normas constitucionales absolutamente claras y categóricas. Es más, ello fue la característica de la institución durante los ocho años que estuvo bajo la dirección de Consuelo Porras y su séquito encargado de enterrar todos los casos legales que implicaban a conocidas figuras como Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Pero ignorar lo que determina con absoluta claridad la Carta Magna es inaudito e intolerable y por eso ha sido muy bueno que el nuevo Fiscal General haya ordenado liberar parte de la información. Esto demuestra que Porras y Cía. dejaron minas instaladas para hacer que las cosas no funcionen del todo. Menuda tarea de las nuevas autoridades.
Es vital que se instruya de inmediato a ordenar que sea proporcionada la información solicitada, pues es un derecho constitucional el que los ciudadanos, más allá de los periodistas, tenemos para conocer actos de la administración, entre ellos los montos salariales existentes para cada cargo.
Hasta donde sabemos no se ha logrado tomar el control de todos los departamentos del MP en ese afán de reestructurar la institución del atolladero y es de suponer que hay varios que mantienen su lealtad a la anterior jefa del Ministerio Público y su mafia, pues solo así se puede entender el atropello a la norma constitucional.
