Hoy el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, integrado de conformidad con los manoseos que se vienen dando desde la Rectoría, luego de la cuestionada designación de Walter Mazariegos, fue convocado a una sesión extraordinaria para conocer la renuncia del nombrado suplente de la alta corte, José Luis Aguirre Pumay, como director del Centro Universitario de Santa Rosa. La aprobaron en 15 minutos. Ello porque la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que quienes fueren designados para integrar la CC tienen 15 días desde su elección para cesar en cargos incompatibles. De lo contrario, dice la ley, se entenderá que no aceptan el cargo.
En una situación igual está la jueza Julia Rivera, magistrada titular, quien también fue electa el 16 de febrero y quince días después debió renunciar al cargo. El texto legal en su artículo 160 reza: “Cuando alguna persona designada para ocupar una Magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación, se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado de la corte de Constitucionalidad”.
La ley no dice, 15 días desde que se resuelven las impugnaciones; tampoco dice desde que el proceso queda en firme porque luego de las impugnaciones, vienen los recursos subsiguientes que son hasta materia de la misma Corte de Constitucionalidad (CC) en última instancia.
Más claro no canta el gallo, como se dice de manera común. Aún si quisieran manosear el término refiriéndolo a días hábiles, ambos han superado con creces el plazo de quince días desde su designación y al no renunciar se tiene que entender que no aceptaron el nombramiento que se hizo. Rivera y Aguirre Pumay debieron haber cesado en sus cargos y jugársela, no había opción. Si nos atenemos a los argumentos de la Usac, los directores de la Superintendencia de Competencia habrían podido seguir en sus trabajos, ganando su dinero hasta que se les pagara su nuevo sueldo y se pasaron meses sin recibir salario.
Ya sabemos cómo funcionan las cosas en la Usac desde que Mazariegos se hizo con la Rectoría en el cuestionado proceso de elección en el que fue proclamado triunfador, pero en este caso la maña no se limita al campo universitario, sino trasciende para afectar seriamente a la más alta Corte del país, la que vela por el orden Constitucional.
Dado que ambos designados no renunciaron dentro del término de 15 días establecido por la legislación, se tiene que entender que no aceptaron el nombramiento y se deberá proceder a elegir a otras personas. No sería raro que, luego de conocerse cómo desde el MP vienen amenazando con destapar casos a todos los corruptos que han sido apañados si no protegen a Consuelo Porras, ahora el mismo Consejo Superior Universitario termina siendo el trampolín para mandar a la CC a la cuestionada Fiscal General de la República, pero al igual que en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay que buscar una tercera vía que no sea ni Rivera, ni Aguirre ni Porras.
En el mundo en que vivimos todo cabe dentro de lo posible y no se debe descartar ninguna huisachería, por más descabellada que pueda parecer a la opinión pública porque ya hemos tenido demasiadas muestras de que el sistema está diseñado y orquestado para ser garantía de impunidad para los sinvergüenzas.
