Pocas crisis internacionales han captado tanta atención mundial como la que se produjo con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue aprehendido junto a su esposa en Caracas, tras una operación militar relámpago ordenada por el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy Maduro dijo ser inocente ante una corte de Nueva York y empieza el camino legal. Desde hace semanas se venían dando ataques aéreos contra embarcaciones venezolanas, tema que Washington atribuyó a su lucha contra el narcoterrorismo mundial supuestamente dirigido por Maduro.
En el informe oficial de varias páginas, preparado para explicar el por qué de la captura del gobernante venezolano, se afirma que dirigía un entramado de tráfico de distinto tipo de drogas que usaba a México, Honduras y Guatemala como lugares de paso para garantizar la efectiva distribución de los estupefacientes, lo cual –según el comunicado oficial– era posible porque los grupos de narcos locales compraban a las autoridades para realizar sus operaciones sin ser perseguidos.
Al margen de las muchas consideraciones que se deben hacer sobre el tema de lo ocurrido en Venezuela, sobre todo ahora que Washington afirma que dirigirá ese país para garantizar la producción de petróleo, es imposible dejar de mencionar ese señalamiento que se hace a nuestro país y a autoridades que no se preocupan por controlar, en absoluto, el territorio nacional para impedir que sea usado, tanto por vía aérea como marítima, para completar la ruta de la droga hacia el mercado mayor que sigue siendo Estados Unidos.
Y es que es algo que todos sabemos pues por muchos años Guatemala ha sido punto de paso de grandes cargamentos de droga y la pregunta obligada es por qué aquí no tenemos investigaciones, no digamos persecución penal, de quienes eran los socios de Maduro o de cualquier otro capo del narcotráfico que usa pistas clandestinas y las aguas territoriales para trasegar el producto. Ha habido un rosario de políticos capturados acusados de ser narcos y muchos de ellos siguen hoy operando tranquilamente, especialmente algunos en el Congreso de la República.
A lo largo de muchos gobiernos el país cayó en las garras de la corrupción y eso facilitó tremendamente la compra de voluntades para evitar investigaciones, no digamos sanciones penales. Se pagaba para quienes tenían que hacer ese tipo de trabajo se hicieran de la vista gorda a cambio de las muy jugosas mordidas que provienen de los cárteles.
Si antes era fácil comprar voluntades, mucho más cuando los funcionarios que se venden saben que nadie va a investigar lo que hacen porque el sistema fue totalmente cooptado por las mafias locales que pensaron usarlo sólo para hacer negocios mal habidos, sin imaginar que estaban abriendo de par en par las puertas para que crecieran las operaciones de narcotráfico en el país -al que gustosos se sumaron- tras esa certeza absoluta de que aquí todos podían actuar impunemente porque la justicia sirve para perseguir a los “criminales” que critican ese viciado sistema que tenemos.
