Es una realidad que vivimos en una sociedad en la que aún quedan muchos resabios de machismo que atenta contra la dignidad de la mujer, razón por la cual se emitió una Ley de Femicidio que no solo persigue castigar a quien cometa un homicidio, sino también a quienes de alguna manera actúen violentamente. Y la norma es muy específica sobre quiénes pueden ser los que de alguna manera incurran en ese delito, pues se pretende evitar los abusos de hombres que se sienten facultados en su relación para tratar a las mujeres como les da la gana.
Sin embargo, como pasa tan frecuentemente con las leyes dictadas con las mejores intenciones, siempre hay quienes las manosean para su propio beneficio y de esa cuenta hemos visto la gran cantidad de mujeres que, ejerciendo funciones públicas, invocan la Ley de Femicidio para impedir la fiscalización que es parte de la obligada rendición de cuentas de cualquier funcionario. Ayer se supo que la diputada Sofía Hernández se ha sumado a la lista de quienes pretenden usar una norma legal aprobada para proteger a la mujer de acciones machistas, amenazando con denunciar a quienes la critiquen públicamente porque ello es violencia contra la mujer.
Tal y como en su momento lo han hecho Alejandra Carrillo, la fiscal Elda Castillo, Sandra Torres, Nadia de León, Roxana Baldetti, Dina Ochoa y Sandra Jovel, entre otras, que han usado y/o insinuado usar la ley para protegerse de rendir cuentas, ahora la diputada pretende que la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer se convierta en escudo para evitar la fiscalización y rendición de cuentas a que, como cualquier funcionario, están expuestas por su función pública.
En La Hora no nos metemos en la vida privada de las funcionarias ni usamos apodos para referirnos a ellas, no creemos que sea correcto, pero tampoco consideramos apropiado que manoseen una ley para evitar la fiscalización.
El Magistrado Rony López, en su voto razonado en el Amparo que se resolvió gracias a que las mafias de la CC perdieron la batalla a manos de magistrados que dijeron ya basta de tanto manoseo y que abordaba la protección que injustificadamente se otorgó a Alejandra Carrillo en contra de los periodistas Oscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, expuso que el ejercicio periodístico no es constitutivo de ningún delito, pues está protegido por el artículo 35 de la Constitución. Pero, además, dijo que la normativa tiene alcance exclusivo en dos circunstancias que son, cuando hay una relación desigual de poder o confianza entre el hombre y la mujer y cuando dicha relación se desarrolla en un ambiente público o privado. Explicó que se hace necesaria la existencia de manifestaciones de control o dominio de un hombre sobre una mujer que conlleve subordinación o que dicha relación se de en una esfera laboral, religiosa, educativa o social que implique al menos mínima convivencia.
Mujeres que han estado involucradas en el manoseo del proceso de elección de magistrados mueven a sus alfiles para que distorsionen una ley clara y específica y eso es lo que ahora pretende también la diputada Sofía Hernández.
