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Hoy publicamos un trabajo de investigación sobre la adjudicación de 12 contratos a diferentes proveedores por un monto de 83.9 millones de quetzales, realizado por el Ministerio de Salud Pública hace quince días para la construcción de 37 centros de salud en varios departamentos del país. Entre los contratistas figuran empresas que vienen haciendo negocios con el Estado desde hace mucho tiempo y que han sido, en algunos casos, cuestionadas por diversas situaciones que levantan alguna sospecha.

El Ministerio de Salud Pública, consultado sobre la participación de viejas figuras conocidas en el mundo de las adjudicaciones del Estado, señala que están poniendo mucha atención en el tema y revisando cada una de las operaciones ejecutadas para garantizar el buen uso de los recursos. Obviamente en cualquier licitación que se convoque van a figurar viejas y conocidas empresas que tienen la “experiencia” de cómo se hacen los negocios con el Estado y será difícil irlos eliminando, pese a la certeza de que algunos de ellos incurrieron en el pasado en prácticas comunes, como el pago de sobornos para garantizarse los contratos.

La clave, creemos nosotros, está en la revisión de los precios ofrecidos por cada una de las obras, puesto que, si no se perciben rebajas significativas en el valor de cada contrato, obviamente no hemos avanzado en nada para combatir la corrupción, toda vez que la misma se tradujo en precios inflados que permitían el pago de coimas. Además, todas las obras que se llevaron a cabo  durante los gobiernos que se especializaron en hacer trinquetes con el dinero público, fueron de mala calidad, como lo ha podido comprobar toda la población guatemalteca y por ello la ejecución y su respectiva verificación es clave en todo el proceso.

Si no hay mordidas de por medio, puede ser que los contratistas se estén embolsando más dinero del que les corresponde como legítima ganancia en la ejecución de obra pública, pero será importante que el Ministerio ponga especial atención al análisis de la data anterior, además del enfoque que hay que darle a la calidad de los trabajos que llevan a cabo porque ese ha sido otro rubro que infla las utilidades de los contratistas. Edificar mamarrachos se convirtió en la regla, producto de que dentro de los pactos hechos entre el Estado y sus contratistas estaba el abandono de la fiscalización y verificación de la calidad de las obras.

Tristemente vemos que mucha de la obra pública del país sigue estando en manos de las mismas empresas que se especializaron en la realización de los negocios con el Estado y costará mucho que otros empresarios eficientes y honestos se involucren en un campo que ha sido bien minado por los que saben cómo se mueve la melcocha. Pero ir sentando precedentes, en tema de precios y calidad de las obras, puede ser la clave para empezar un real proceso de cambio.

Redacción La Hora

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