Hoy estamos publicando un trabajo en el que se cuantifica el incremento que se ha dado en los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo, CODEDES, lo que obliga a plantear el fondo de un serio problema que se dio luego de la creación de esos instrumentos llamados a dar participación a la sociedad en cuanto a las inversiones que realiza el Estado. Los Consejos de Desarrollo fueron creados para que no fuera simplemente el gobierno central o si acaso el gobernador, quien decidiera cómo y cuánto se invierte en cada una de las comunidades, aspiración muy sana porque nadie mejor que los habitantes para conocer sus propias necesidades existentes.
Como siempre pasa, se aplicó aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa” porque la buena intención fue sustituida por el diseño de una manera para incluir la inversión en el desarrollo departamental, las prácticas de la corrupción. Y los diputados fueron los que entendieron cómo, haciendo pacto con quienes se perpetuaron en dichos Consejos, podían embolsarse buena parte de los recursos que año con año se les asignan. Basta ver los flujos de la migración para entender que los habitantes de muchos departamentos no encuentran siquiera una oportunidad para ganarse la vida y tienen que emprender la peligrosa aventura hacia el Norte en busca de lo que su propio país no ofrece.
Creemos sano que se destinen recursos abundantes al desarrollo en los departamentos, pero mientras no se adopten medidas para reformar los procedimientos de conformación de los Consejos de Desarrollo, evitando que se perpetúen en ellos quienes aprendieron a hacer marufias con el dinero público, no se puede operar con esa manga ancha. El gobierno de Arévalo tendría que haber empezado por establecer mecanismos de depuración en los Consejos de Desarrollo, tanto departamentales como municipales, a efecto de que el dinero asignado se use para atender las necesidades de cada comunidad. De lo contrario, se mantiene el modelo vigente, es decir, el que alienta el mal uso que se hace del dinero y que ha sido piedra angular para los “acuerdos” en el Congreso de la República.
Aumentar la asignación de los CODEDES debiera ser un paso positivo siempre y cuando no fuera con el objetivo de conseguir el voto de los diputados a cambio de que puedan sacarle provecho a esos recursos mediante el control de Consejos cuya prioridad es la realización de negocios y no el desarrollo de las comunidades. Por años se ha criticado ese proceder del Congreso, puesto que ello es parte de la compra de votos y en esta ocasión simplemente se operó dentro de un esquema que se ha ido perpetuando en perjuicio de la población.
