Llevamos ya más de siete meses soportando ese desgastante enfrentamiento del Ministerio Público (MP) con el Presidente de la República y no se vislumbra en el corto plazo una solución al grave problema que significa ese deterioro institucional generado por el órgano llamado a realizar la investigación criminal, pero que está obsesionado con ver cómo se bajan a Bernardo Arévalo del poder. Y el gobierno, mientras tanto, se debilita por la falta de acción y decisión, lo que nos hace pensar en la imperiosa necesidad de que se inicie un esfuerzo entre grupos de la sociedad guatemalteca para emprender un esfuerzo de país para lograr acuerdos que nos permitan salir del atolladero.
Teóricamente debiera ser el Presidente quien no solo convoque sino que exponga una agenda para iniciar la concertación entre los diversos sectores para definir una hoja de ruta que nos permita, fundamentalmente, combatir en serio y frontalmente la corrupción para depurar el ejercicio de la función pública y una estrategia en busca de que el Estado rescate su principal objetivo señalado por la Constitución, es decir, promover el bien común y el desarrollo humano, pero si él no convoca la sociedad debe hacerlo.
Hemos emprendido la ruta para renovar nuestro sistema de justicia y la cantidad de abogados que presentaron su papelería indica que ya no son únicamente los del sistema actual los que desean participar, sino también gente decente, profesionales que realmente creen en el imperio de la justicia. Hemos visto que la presión popular ha tenido algún efecto en cuanto a arrinconar a los comisionados empeñados en dilatar el proceso con discusiones tan babosas como decidir la sede para realizar sus reuniones.
Pues esa misma presión social debe incrementarse conforme se vayan elaborando finalmente las listas, pero también debe estar presente en la generación de esa vital hoja de ruta que nos permita, de verdad, empezar a salir del atolladero impuesto por la impunidad que se generó maliciosamente para apañar a todos los que se armaron con miles de millones robados al pueblo de Guatemala.
Por temas mucho menos trascedentes hemos visto en el pasado convocatorias a Diálogo Nacional y ahora sí que es un asunto vital para el país por el efecto que tiene esa actitud cínica de proteger a los ladrones y destruir el Estado de Derecho, no solo para lograr ese fin funesto, sino también para castigar a los que demandan un cambio profundo en cuanto a la persecución penal y la sanción a los ladrones.
Nos hace en verdad falta, en estas circunstancias, un aire con remolino, algo similar a lo que hizo la población guatemalteca al votar masivamente en contra de la corrupción y no podemos permanecer de brazos cruzados mientras arrecia la ofensiva para regresar al pasado.
