El día de hoy la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ofreció una conferencia de prensa para informar sobre una estructura de defraudación fiscal en la que figuran empresas proveedoras del Estado, aportando pruebas de cómo se fueron conformando entidades para no solo defraudar al fisco sino, evidentemente, para participar en contrataciones con el sector público. Sabiendo cómo viene funcionando nuestro sistema, hay razones de fondo para suponer que se trata apenas de la punta de un enorme iceberg que traerá grandes sorpresas a la ciudadanía en el futuro.
Y siendo el caso de que casi toda la estructura empezó a operar en el 2021 y continuaron haciéndolo hasta el presente, se tiene que entender que el gobierno de Alejandro Giammattei, en el que fue figura clave Miguel Martínez, facilitó la forma en que entidades de este tipo pudieron convertirse en piezas clave del suministro al Estado.
En otras palabras, hay serios elementos que apuntan que lo denunciado hoy es la estructura que apunta a Miguel Martínez.
Y es que llegó a tales niveles la corrupción en nuestro país (que todavía continúa y goza de protección en el sistema de justicia) que muchos de los principales actores se sintieron todopoderosos, no solo para hacer negocios con el Estado, sino también para evitar el pago de impuestos por el dinero mal habido que se embolsaban en diferentes negocios. Durante los últimos ocho años se fue consolidando un sistema que, gracias al control absoluto del Ministerio Público (MP) y de los tribunales del país, pudo hacer lo que se le venía en gana y precisamente por ello llegaron al colmo de no solo robar sino, además, evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Ahora se entiende la famosa carta de renuncia de Consuelo Porras que denunciaban tenía Alejandro Giammattei y la forma en la que Martínez llegó al Congreso previo a elegir las cortes que hoy están en el poder.
Es de reconocer el trabajo que se hizo al vincular ese entramado a partir de quienes organizaron las empresas y cómo articularon operaciones que les permitían robar al Estado y que terminaron cayendo en las brasas cuando la SAT logró establecer las abundantes razones para sospechar de un tema concreto relacionado con la defraudación tributaria, pero que abre las puertas para empezar otra línea de investigación. Correspondería, en condiciones ideales, al MP realizar un serio trabajo para determinar la forma en que se constituyeron empresas y la evidencia de que sus principales operaciones eran realizadas con entidades del Estado.
La brasa inicial, porque insistimos en que se trata apenas de la punta del iceberg, está ahora en manos del MP y es bueno ponerle ojo a la forma en que sea manejada la denuncia que formalizó la SAT porque ahora sí que se ha destapado un caso que puede tener profundas implicaciones. Una investigación que empezó hace tiempo y que, con acierto, la SAT no puso en conocimiento de Giammattei, según confirmó hoy el mismo Superintendente.
La pelota está ahora en el campo del MP y veremos cómo se la juegan.
