Según lo que afirman las cuentas de redes sociales vinculadas al Ministerio Público (MP), hay una investigación en marcha luego de que se conoció la llamada del presidente Arévalo destituyendo a Jazmín de la Vega del Ministerio de Comunicaciones, puesto que en la misma la reprende por no cumplir con las instrucciones recibidas sobre el pago a contratistas del Estado. Creemos firmemente que ante cualquier denuncia o sospecha relacionada al uso de fondos públicos no solo se puede sino DEBE investigarse para deducir las responsabilidades penales que correspondan.
En otras palabras, ante la menor duda sobre si el presidente Arévalo está favoreciendo a algunos contratistas, la investigación debe producirse y rendir sus frutos con rapidez y eficiencia, sea para castigarlo de conformidad con el Código Penal o para exonerarlo si se confirma que no hay nada anómalo o irregular. Pero lo que no se entiende ni puede explicar es esa velocidad, agilidad y diligencia para ir tras Arévalo que contrasta con la indiferencia del mismo Ministerio Público ante la inmensa cantidad de casos en los que puedan estar vinculados tanto el expresidente Alejandro Giammattei como su pareja Miguel Martínez.
Ante la ley todos debemos ser iguales y no caben distingos de ninguna especie; por supuesto que si funcionarios de este gobierno han incurrido en anomalías, sea contratando o pagando obras no realizadas, la inmunidad y el antejuicio no pueden ser un escudo para apañar malos manejos y se debe llevar el proceso acorde. Pero resulta demasiado obvio el contraste en el trato que hay para las actuales autoridades y la indiferencia y tolerancia que impide cualquier investigación de quienes les precedieron.
Baste recordar un caso muy concreto, el de la Alfombra Mágica de los rusos, que no solo fue literalmente enterrado sino que provocó la salida del anterior Fiscal de la FECI porque la queja de Giammattei hizo que la Fiscal General se instalara en esa Fiscalía por varios días para asegurarse que no existiera ningún avance tras la denuncia formal que hizo una de las personas que integró la comitiva rusa que llevó el dinero a una casa de la zona 15 capitalina.
No podemos reclamar en absoluto si tras una denuncia formulada tras la presentación al MP de la grabación de la llamada del Presidente a De la Vega se pide investigar los pagos que fueron discutidos en ese momento y que significaron la destitución de la entonces ministra. Pero lo que no se vale es que persista el uso de doble rasero y que la calidad de “Fuerte y Firme” únicamente exista cuando se trata de ir tras aquellos cuya elección causó tanto revuelo en el mismo MP que trató (y sigue tratando) de descarrilar la voluntad popular. O todos hijos o todos entenados reza la sabiduría popular.
