Foto: Bomberos Municipales Departamentales / Cortesía Conred - Diseño La Hora / Roberto Altán

Cuando se escuchan los argumentos de algunos legisladores ante la declaración de Estado de Calamidad hecha por el gobierno, se da cuenta de cómo los intereses políticos prevalecen sobre el interés general porque con absoluta falta de criterio se asegura que no es necesario aprobarlo. La legislación ha establecido diversos mecanismos para enfrentar distinto tipo de crisis y posiblemente el más justificado de ellos sea el Estado de Calamidad, sobre todo tomando en cuenta la vulnerabilidad de nuestro país ante los fenómenos naturales que pueden ir desde las implacables lluvias  y tormentas hasta terremotos. Hechos que además se agravan porque mucha de la obra tiene sello de corrupción.

Por supuesto que se ha hecho mal uso de esa facultad y en vez de atender las necesidades de la gente se realizan negocios redondos evitando cualquier tipo de fiscalización. Mejorar ese mecanismo debiera ser parte de diputados honestos que se preocupan de verdad por cualquier situación que afecte a la ciudadanía, pero simplemente negar que haya necesidad de aplicar un Estado de Calamidad, argumentando que fueron invitados de mala manera al Palacio Nacional, refleja la intención de no facilitar que este gobierno pueda disponer de los medios para atender la emergencia.

Los diputados tienen que entender que la población manifestó su descontento con lo que ha sido la política tradicional, la que es muy bien representada por muchos diputados que en tiempos de perversas alianzas oficialistas no solo se ponían firmes a la hora de emitir sus votos sino hasta participaron en las juntas directivas que operaban mediante los búnkeres. Si la crítica se centra en la necesidad de implementar mecanismos de fiscalización, que no se usaron en ninguna de las administraciones recientes, por supuesto que la ciudadanía tendría que ver con buenos ojos una postura orientada de esa forma.

Pero basta escuchar los argumentos vacíos, carentes de real fundamento, para darse cuenta que se busca nada más torpedear cualquier acción del gobierno, aún y cuando ello signifique prolongar las dificultades que sufrimos todos los habitantes del país como consecuencia de las inclemencias del tiempo que, como hemos dicho varias veces, apuntan a ser cada año más severas por el aumento del calentamiento global.

La calamidad es una triste realidad que vive y sufre la mayoría de la población y que se repite año con año, magnificada por el abandono de nuestra infraestructura producto de la voracidad de gobiernos que no pensaron en la ejecución de obras duraderas, sino en la contratación de mamarrachos capaces de rellenar de pisto aquellas famosas maletas de las que tuvimos ya una comprobación brutal, aunque quien las había llenado pueda sentirse complacido por la impunidad vigente.

Redacción La Hora

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