El simple relato de hechos incuestionables, como el que una persona haya sido formalmente acusada por un delito y luego absuelta sin que el Ministerio Público (MP) presente ningún reparo ante el fallo judicial, no puede ser considerado desde ningún punto de vista como un acto sujeto a la Ley Contra el Femicidio que fue hecha con muy sanas intenciones, pero que derivó en perversas consecuencias. Son ya muchos los casos de mujeres que pretenden usarla como escudo para impedir que se pueda siquiera hablar de ellas, violentando así el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento.
Muchas mujeres han logrado que se dicten órdenes de “protección” para que no se les pueda siquiera mencionar públicamente, pese a ejercer funciones públicas; y lo hacen afirmando que las publicaciones son actos de violencia psicológica en contra de las mujeres y no faltan los tribunales, tanto de instancia como de apelaciones y hasta la misma CC, que lo apañan, pasando sobre lo que dice con absoluta claridad el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
En el caso presente, tras la reacción de la diputada Sandra Jovel en contra de nuestro periodista Diego España es una muestra de cómo se utiliza una ley que se hizo para proteger a las mujeres, como una caparazón para impedir que se puedan debatir públicamente hechos de trascendencia nacional. La nota de Diego España no acusó a Jovel de haber dado en adopción a alguien ilegalmente, sino simplemente refería la acusación que en su momento se hizo contra ella, el proceso que se siguió consecuentemente y el fallo absolutorio. El meollo de la nota era señalar el contraste en la actitud del MP que apela cualquier fallo que pueda favorecer a aquellos a los que les tiene el ojo puesto, pero se hace literalmente de la vista gorda cuando se trata de beneficios a personas vinculadas con los gobiernos de quienes nombraron a la Fiscal General.
Es tal la forma en que se violenta la libre expresión que no faltará que dentro de poco salgan con que criticar a Giammattei y Martínez no es por sus acciones desde el poder sino por pura homofobia, es decir, por aversión a la homosexualidad, tal y como define el término el Diccionario de la Lengua Española.
Las figuras políticas deben entender que, al margen de su sexo u orientación, están expuestas al escrutinio público porque el ciudadano tiene derecho a estar informado. Recurrir a la Ley Contra el Femicidio es realmente inmoral porque pervierte el sano sentido que se tuvo para emitirla como una necesidad frente al machismo que existe y persiste en nuestra sociedad.
