Si gente como Ricardo Méndez Ruiz, quien ayer se encargó de comunicar en sus redes sociales que “oficiales de alta del Ejército de Guatemala” presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Presidente de la República y Comandante General del Ejército, Bernardo Arévalo y hoy Álvaro Arzú dice que hay que cuidar y respetar la institucionalidad de la fuerza armada, se encienden las alarmas porque estos personajes se dan fáciles para defender lo indefendible del sistema y por eso es necesario que el Ejército explique qué está pasando en términos de cambios y ascensos dentro de la institución armada.
La situación se da en el marco de los recientes cambios realizados en la cúpula militar y ayer, posteriormente se dijo que la acción legal fue presentada por un oficial de alta y que está orientada a impedir que el gobernante pueda realizar ascensos dentro de la milicia por considerar que no se está cumpliendo con lo que establece la ley.
Si viviéramos en un auténtico Estado de Derecho, con una Corte de Constitucionalidad (CC) entregada al respeto, observancia y defensa de la ley, nada debiera preocupar sobre las acciones que se vayan presentando de uno u otro lado porque, al contrario de preocupación, ello nos garantizaría que se proceda en todos los casos en el marco legal. Hay tres magistrados que no se destetan de la influencia de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez y Cía. Tristemente, eso no ocurre en la actualidad porque la mayoría del aparato encargado de la administración de justicia responde a oscuros intereses y su principal objetivo es garantizar impunidad e impedir cualquier avance en el esfuerzo por depurar nuestro sistema.
Estamos hablando del mismo Ejército que condecoró a Jose Ubico, hoy sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.
El Ejército de Guatemala ha mantenido históricamente una postura de poca disposición para informar abiertamente a la ciudadanía y ello se ha visto reflejado en la ausencia de una verdadera información oficial sobre lo que está ocurriendo en sus filas. Las remociones de oficiales que habían sido recientemente nombrados en altos mandos y la presentación de amparos que van contra el mismo Comandante General del Ejército son situaciones que no se pueden considerar a la ligera.
Dados los recientes acontecimientos relacionados con el ejercicio del poder y las acciones del gobierno de Arévalo, hasta podría pensarse que se trata apenas de una mancha más a un tigre. Sin embargo, es inusual, por no decir inaudito, que se muestren esas fisuras tan serias en los mandos militares y que oficiales de alta recurran ante una CC poco confiable para objetar el ejercicio de la autoridad del mandatario.
Sería muy sano para el país que se empezara a producir un cambio en las fuerzas armadas para abrirse más y dar información a la ciudadanía de lo que hace y de por qué se hacen las cosas. En estado de guerra se puede entender que haya tanto secreto y se mantengan en reserva situaciones e informaciones delicadas que pueden comprometer la seguridad nacional, pero actualmente el Ejército debiera ser parte de esa necesaria transformación de las instituciones que se tiene que caracterizar por la transparencia.
