Conforme pasan los días se ha ido comprobando la inmensa cantidad de trinquetes que se realizaron durante el gobierno anterior y resulta fatídica la expresión de que en cada gaveta que se abre encuentran apestosas ratas; de hecho, ejemplos como los de los Parques Bicentenario no son hechos aislados, sino que se suman a lo descubierto en el MICIVI, en Salud Pública, Educación y cualquier dependencia oficial porque durante cuatro años los contratos adjudicados tenían que dar alguna satisfacción a quienes tenían el control absoluto.
Y todos sabemos que se irán conociendo más y más casos, pero en vez de que eso nos aliente a pensar en un futuro distinto para el Estado de Derecho del país, partiendo del castigo penal a los que robaron fondos públicos, lo que la población está sintiendo es una tremenda frustración porque no se atisba esperanza alguna de que se haga cumplir la ley y se investiguen penalmente esos negocios. En efecto, el andamiaje montado por Alejandro Giammattei y Miguel Martínez para garantizar el control de todo un sistema de justicia comprometido con la impunidad está operando a la perfección y de no ser por las sanciones internacionales, se podría decir que tienen su futuro asegurado.
Para hoy el magisterio nacional está convocado por Joviel Acevedo para protestar por la decisión del Ministerio de Educación de impedir que el Pacto Colectivo siga siendo de carácter confidencial, tal y como se viene manejando. Esa protesta es inadmisible porque la Constitución establece con absoluta claridad que todos los actos administrativos son públicos, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
Al fin de cuentas, el pacto colectivo de condiciones de trabajo descansa en la utilización de recursos provenientes del pago de impuestos que hacen todos los contribuyentes y no se puede, bajo ningún pretexto, mantener en secreto las condiciones de un arreglo realizado entre un sindicato y altos funcionarios de gobierno. Pero ese detalle es apenas una mancha más al tigre, porque aquí ya sabemos que se estableció como norma y principio que la ley vale un comino, especialmente cuando pueda ser obstáculo para el enriquecimiento ilegal.
Insistimos en que el gobierno tiene que redoblar esfuerzos para lograr un gran acuerdo de Nación con los distintos sectores de la sociedad y con los ciudadanos en general, para enderezar el rumbo y encontrar las vías por las cuales se pueda acabar con esa captura que del sistema judicial hicieron los políticos mafiosos. La mayoría de guatemaltecos optó por un gobierno que combata la corrupción, pero mientras subsista este modelo actual, esa aspiración de la población no se podrá ejecutar, por lo que es imperativo encontrar la ruta para su desmantelamiento que permita construir un verdadero Estado de Derecho.
