Ayer la Fiscal General, Consuelo Porras, se reunió con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) y con representantes del sistema bancario para abordar el tema de los delitos financieros, refiriéndose a las estafas y ciberdelitos que afectan a buena parte de la población. Ciertamente ese tipo de acciones se vienen repitiendo impunemente y son muchos los que sufren los efectos de acciones que tienden a generalizarse, sobre todo por la falta de acción judicial en contra de los responsables que pueden disfrutar tan tranquilamente del dinero mal habido como lo hacen los que se enriquecen con la corrupción.
Pero parte de los delitos financieros que tienen que controlar autoridades de la Superintendencia de Bancos es el lavado de dinero que se hace luego de que los contratistas del Estado reciben el pago bancarizado de donde tienen que salir las coimas o mordidas que se pactaron en el momento de la adjudicación del negocio. Durante los cuatro años del gobierno de Giammattei no hubo ni un caso – que se sepa – señalado por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- obligada a llevar esos controles; como consecuencia de ese silencio doloso, quien dirigía esa intendencia fue premiado con el cago de Superintendente de Bancos.
Entendemos la necesidad urgente que tiene el Ministerio Público (MP) de realizar reuniones que ayuden a la imagen de la Fiscal General, pero es obvio que en los temas puntuales relacionados con la pactada impunidad no hay la menor intención de mover un dedo. Ayer mismo, con la Superintendencia de Bancos y los representantes de los bancos del sistema debió abordarse no solo el tema de las estafas y ciberdelitos sino también el del lavado de dinero que se hace luego de que los contratistas reciben el pago por los mamarrachos de obras que realizan y por los que tienen que devolver los favores a funcionarios o sus intermediarios.
Es importante, de verdad, proteger a los cuentahabientes de estafas o delitos que se cometen. Esas estafas no pueden ser los únicos focos del MP y la SIB porque, al fin de cuentas, esas son cantidades bajas si las comparamos con lo que se mueve en el lavado de dinero que el crimen organizado realiza de manera masiva y descarada en el campo de la corrupción con las compras y adjudicaciones del Estado.
Y uno de los deberes del MP es investigar a los intendentes y superintendentes y el gran problema es quién investiga a los que no investigan desde el ente investigador. ¿Cómo se explica que tan rápidamente hayan tenido informe de un traslado de dólares en el caso Semilla y no se sepa absolutamente nada de todos los contratistas favoritos del Jefe de Jefes? Si pudieron seguir la pista de 50 mil dólares, pretendiendo incriminar a Arévalo, ¿cómo es que pasan desapercibidos los miles de millones producto de la corrupción?
