Tras el anuncio de Suiza, país reconocido mundialmente por su neutralidad, tanto en tema bélicos como políticos, sancionando a los actores del sistema de justicia en Guatemala señalados ya por Estados Unidos, Canadá y todos los países miembros de la Unión Europea como actores antidemocráticos al servicio de la corrupción, el fiscal Rafael Curruchiche reaccionó indignado atacando a Tomas Peyker, Embajador de la UE.
También el Ministerio Público hizo público su malestar, afirmando que hay “uso y abuso de las relaciones diplomáticas”, lo que permite demostrar “las motivaciones que tienen estos países para sumarse a los esfuerzos estériles promovidos desde instituciones del Estado, utilizando los recursos del pueblo de Guatemala para intentar afectar al MP y a sus funcionarios.”
En otras palabras, las instituciones del Estado de Guatemala, que no individualizan, tienen tanto poder e influencia como para lograr que más de 30 países del mundo hayan emitido sanciones severas contra operadores de justicia en Guatemala que son señalados de atentar contra la democracia. Enorme poder y capacidad de maniobra asigna el Ministerio Público de Consuelo Porras a esas instituciones que han logrado condicionar la política exterior de países de gran relevancia mundial.
Ciertamente a los sancionados no les causa mayor daño el castigo porque, como han dicho, ni interés tienen en viajar a ninguno de esos países, pero el baldón que significa un castigo de esa naturaleza y magnitud es de grandes proporciones. Además, se viene a sumar a la actitud de gran parte de guatemaltecos que se supieron expresar en las urnas para repudiar todo el andamiaje de la corrupción que tiene fuerte asidero en la complacencia judicial para darles impunidad a los ladrones.
Pero aunque digan que no les afecta, como ellos sostienen, sus reacciones dejan ver cuán duro han sentido el golpe. Tanto que hasta les priva de la razón porque señalan la “utilización de recursos del pueblo de Guatemala” para atacarlos, pasando por alto que esos mismos recursos fueron descaradamente utilizados “para la persecución política de exoperadores de justicia exilados en Estados Unidos”, para lo cual Ángel Pineda solicitó la contratación de un bufete de abogados norteamericano pagado con fondos públicos.
En su último comunicado el mismo Ministerio Público está dando elementos para señalar como inmoral, además de ilegal, el uso de fondos públicos para la realización de “esfuerzos estériles promovidos desde las instituciones del Estado.¨
Bien dicen que el pez por la boca muere porque ese comunicado del MP debiera dar paso a acciones de la Contraloría para determinar si se usan fondos públicos para esos fines aviesos y, por supuesto, lo mismo debe hacerse respecto al dinero usado por Pineda para pagar abogados en Estados Unidos.
