Si alguna duda quedaba de cuán efectiva y dolorosa ha sido la extinción de dominio para quienes amasan fortunas mal habidas, bastan dos hechos concretos para determinar cuánto les duele esa sanción penal que ha despojado a varias personas de ese tipo de bienes. Primero están las acciones que se plantean ante la Corte de Constitucionalidad bajo el patrocinio de la Fundación Contra el Terrorismo, buscando que la CC se muestre leal al sistema que designó a los magistrados, para revertir sucesivos fallos de esa alta instancia que mantienen vigente la medida.
Luego está el traslado, inexplicable para muchos, del juez Marco Antonio Villeda, quien durante trece años estuvo al frente del Juzgado de Extinción de Dominio y extinguió bienes del binomio presidencial Pérez Molina y Baldetti, de los exfuncionarios Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Erick Archila y José Luis Benito, entre otros, así como de conocidos narcotraficantes de los cuales destaca Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano. Y esas son apenas algunas de las más conocidas figuras de las que han visto confiscados sus bienes en el marco de la ley.
Como muy bien explicó el juzgador, ese tribunal requiere cierta especialización en la materia y durante todo el tiempo en el que estuvo a su cargo no sólo no existió nunca ninguna denuncia de corrupción (algo extraordinario en nuestro sistema de justicia) sino que no hay mora judicial (también caso raro) y con una confirmación de sentencias emitidas por ese juzgado que “ronda por el 99 por ciento”.
Con esos antecedentes cuesta mucho entender la decisión de la Corte Suprema de Justicia, electa precisamente luego de aquella recordada visita de Miguel Martínez para dar instrucciones a “sus” diputados, removiendo al licenciado Villeda para evitar que siga actuando, como lo ha hecho, con apego a la ley para sancionar a corruptos y narcotraficantes.
Aun aquellos que han sabido maniobrar dentro de nuestro injusto y venal sistema de justicia (valga la paradoja) logrando que se les vaya dejando en libertad, han visto cómo con el Juzgado de Extinción de Dominio no han valido sus muy poderosas influencias y ello puede ser la explicación para esos movimientos. No olvidemos que, por ahora, el Ministerio Público no investiga sonoros casos de corrupción de los dos últimos gobiernos y hay demasiados personajes que no quieren perder el dominio de los bienes adquiridos mediante negocios turbios cuando haya un MP en realidad fuerte y firme.
La presencia de un juez comprometido con la justicia y ajeno a las generalizadas venalidades de todo el aparato implicaba un riesgo que no quieren correr aquellos que, aún hoy, siguen teniendo enorme influencia para marcar el rumbo de los más altos tribunales del país.
