Quien haya pensado que la reconstrucción del Estado para librarlo de las mafias iba a ser como de soplar y hacer botellas está comprobando que el camino está empedrado y lleno de espinas porque esos grupos supieron controlar toda la institucionalidad pública y mantienen férreo control, sobre todo, del sistema de justicia que es vital para tener reales logros. El pueblo ejerció su soberanía en la elección pasada y extendió un clarísimo mandato para iniciar la ruta que nos permita dejar atrás esa destrucción de todos los sistemas y que terminó subordinando a todos los poderes del Estado.
El artículo 141 de la Constitución dice que “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.” Eso significa que ninguno de los tres poderes puede imponerse y someter a los otros, pero también que los Organismos del Estado no pueden caer en las redes de una mafia que se asegura de facilitar la corrupción y garantizar la impunidad.
En ese contexto tenemos que entender que el voto popular fue el ejercicio de la soberanía, esa de la que algunos tanto hablan, pero que no respetan, para ponerle fin a los desmanes que los políticos y sus socios vienen haciendo desde hace muchos años. La tarea será complicada y empieza por el necesario rescate del sistema de justicia que incluye a todos los tribunales y al ente encargado de la persecución penal. Si no hay persecución penal por el robo de los recursos del Estado es imposible acabar con la impunidad y hemos podido comprobar que ni siquiera escándalos como el de las vacunas y el de la alfombra, ambos realizados con rusos, son investigados como parte del pacto que se hizo para someter, y subordinar, al Ministerio Público que, sin ser un Organismo, juega un papel vital en el tema de la justicia.
Los defensores de las mafias critican a otros países por violar nuestra soberanía porque han emitido sanciones contra los responsables del descalabro nacional. Sin embargo, nada dicen de esa soberanía que señala el artículo 141 de la Carta Magna que se manifestó, sin lugar a la menor duda, el día de la elección en segunda vuelta cuando se eligió al actual gobernante.
El incumplimiento de los deberes esenciales del ente investigador es más que evidente y no se limita a su negativa a participar en una Junta de Gabinete. Se comprueba con la ausencia del menor esfuerzo por esclarecer los negocios cometidos por quienes en el ejercicio del poder, no solo nombraron a la Fiscal General sino la instruyeron para asegurar la impunidad absoluta.
Esa realidad no puede ser cuestionada simple y sencillamente porque contra Morales y Giammattei no existe la menor investigación para conocer la verdad.
