Ayer el Fiscal Rafael Curruchiche se presentó en su calidad de jefe de la FECI al juzgado en el que se suponía que, finalmente, sería llevada a cabo la etapa intermedia en otro caso que se sigue en contra del periodista Jose Rubén Zamora, pero Curruchiche llegó simplemente para pedir que la diligencia fuera suspendida porque “se enfermó la fiscal a cargo del caso”, lo cual representa ya la tercera vez que esa audiencia queda en suspenso. Si eso pasa con un juicio que está siendo seguido atentamente no solo por la opinión pública local sino por la comunidad internacional, ya se puede imaginar el lector lo que ocurre en otros de los que, por petición del mismo MP a sus jueces favoritos, se realizan a puerta cerrada.
No les importa, en absoluto, confirmar que los casos que ellos quieren cerrar aceleradamente, relacionados con funcionarios anteriores como José Luis Benito, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos y compañía, se tramitan a la velocidad de un rayo, mientras aquellos contra los operadores de justicia que investigaron la corrupción o contra quienes han criticado ese vicio, se estancan de manera obviamente maliciosa. No se puede calificar de otra forma el hecho de que en tres oportunidades se haya pospuesto la audiencia de etapa intermedia de un sindicado para retrasar todo el proceso.
Han existido ocasiones en las que los sindicados se esmeran en retrasar los procesos esperando “cuadrar la vuelta” con quien les va a beneficiar y en este caso, opera al revés, es el mismo sistema de justicia actuando de manera orquestada (MP y juez) los que se turnan para seguir entrampando. ¿Les preocupa, como en otros casos, el nivel de pruebas que tienen y por eso prefieren entrampar que tener que enseñar sus cartas?
Ese tipo de acciones son las que han provocado que la comunidad internacional emita sanciones en contra de los que no solo apañan abiertamente la corrupción y facilitan que los más sonados casos se cierren mágicamente, sino que muestran descaradamente sus perversas intenciones entrampando el trámite de causas en las que buscan mantener a los sindicados presos sin que se llegue a dictar sentencia.
Si disponen de las pruebas que afirman tener, lo lógico sería que ellos fueran los más interesados en acelerar los trámites para llegar cuanto antes al momento en que se deba dictar sentencia; al menos eso es lo que hace cualquier fiscal que se esfuerza por hacer su trabajo con apego a derecho y seguridad de que dispone de todos los elementos para convencer a los juzgadores.
Reiteramos que si eso pasa con juicios que están bajo el escrutinio nacional e internacional, imaginemos qué pueden hacer en todos aquellos que, a petición de los fiscales, se llevan a puerta cerrada.
