Todos los expertos en derecho que han opinado sobre la actitud de la Fiscal General al ir a la Junta de Gabinete han referido la claridad irrefutable del artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que al regular lo relacionado con la Coordinación dice textualmente: “El presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz pero sin voto” palabras que entienden hasta los legos en la materia pero que Consuelo Porras y Ángel Pineda han retorcido para justificar un enfrentamiento con el Presidente, con tal de no acatar el mandato de buena parte del electorado en contra de la corrupción.
La Hora publicó ayer el informe de una solicitud de información realizada para determinar el control de accesos a la Casa Presidencial a fin de establecer si con Giammattei (y Martínez) Porras fue tan quisquillosa de su “autonomía” y no permitió que se le dieran instrucciones. Es público y se sabe de manera muy precisa que tras una reunión con el entonces Presidente se dirigió a la FECI para detener investigaciones que vinculaban a la pareja del presidente, tema que finalmente quedó zanjado con la destitución del Fiscal Juan Francisco Sandoval y el posterior proceso penal para capturarlo.
Porras asistió a varias reuniones en Casa Presidencial y no se puede descartar que en la época en que Miguel Martínez le exigió a Giammattei que pusiera en orden a esa “esa vieja xxx” las reuniones para planificar las acciones para revertir la voluntad popular haya ocurrido en algún otro lugar. Lo cierto del caso es que Giammattei se refirió formalmente a ella como su “amiga” y cuando por una orden de la CC que la incluyó a puro tubo en la lista, la terminó nombrando, se sabe que previamente debió entregar su carta de renuncia, por si acaso surgía cualquier investigación contra la pareja.
La claridad de la ley es determinante porque existe un evidente incumplimiento de una norma legal; algunos políticos consideran que lo que procede es “bajar el tono” a la disputa pero pasan por alto dos cosas: esto es más que Porras porque quizá ella no se ha llevado las maletas de dinero, pero de Ángel Pineda para abajo en la FECI son muchas las sospechas de los dineros recibidos para inclinar las acciones del MP y no se debe olvidar que parte de la sociedad votó para enfrentar la corrupción. Mientras las mafias tengan un Ángel que las Consuele y además, le enseñe el mundo a Porras, ese mandato no se puede cumplir.
No se trata de pleitos estériles, sino de entender el rumbo que tienen que tomar el país; no podemos esperar dos años a iniciar el combate a la corrupción que demanda la rendición de cuentas de los operarios de la corrupción y por ello es fundamental que la Fiscal General entienda que no puede seguir siendo coraza de ellos para mantenerles la impunidad, sobre todo ante los descubrimientos que se han hecho de enormes y burdos negocios.
