Pocas acciones han generado un rechazo tan unánime como la burda aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año entrante, realizada por ese mismo Congreso que aceleradamente votó para buscar que el Tribunal Supremo Electoral quedara desintegrado dándole gusto a mentes como la de Karen Fischer porque les urge bajarse la elección. El tema del presupuesto ha provocado un rechazo absoluto porque es una desfachatez lo que hicieron para asegurarse dinero producto de la corrupción y prácticamente no hay sector que haya permanecido callado ante tan burda acción.
Fuera de los diputados que lo aprobaron y sus amigos que conforman esa tremenda alianza a favor de la corrupción que tiene el control de todo el aparato del Estado, absolutamente nadie ha quedado en silencio ante el despropósito de un presupuesto que, además de facilitar el saqueo de los recursos públicos, pretende asegurar que en caso fallen los intentos de Golpe, el próximo gobierno les deba seguir produciendo y proveyendo.
Ya sabemos que a quienes están en ese enorme bolsón de la corrupción, Guatemala les importa un pepino, pero la actuación de los diputados para aprobar a marchas forzadas y violando los procedimientos establecidos, ese asqueroso presupuesto es una muestra de que la avaricia de los pícaros no tiene límite. Pero como bien dice el dicho popular, ello romperá el saco y será un factor importante en esa unión de la ciudadanía para ponerle coto ya a tanto robo descarado. No es simplemente por lo que pagaron a cada uno de los diputados que vendieron su conciencia, sino por el daño palpable que causan al país.
En el 2020, primer año de gobierno de Giammattei, las protestas populares hicieron que se dejara sin efecto el adefesio que habían aprobado esos mismos diputados. Ese presupuesto, repudiado radicalmente, era piropo al lado del que fue aprobado el 30 de noviembre por un Congreso que, sin duda alguna, pasará a la historia del país por el descaro de aquellos diputados que no tienen siquiera mínimos de vergüenza para disfrazar su voracidad. Actúan con la mayor frescura, aun sabiendo que la ciudadanía sabe cómo venden sus votos.
Los procedimientos acelerados y viciados para correr con la aprobación serían materia suficiente para que una Corte de Constitucionalidad (CC) decente aceptara las impugnaciones presentadas. Sin embargo, ya sabemos que la CC actual sigue, en la mayoría de los casos, siendo parte del mismo costal y por lo tanto debemos asegurar que en este tema resuelvan apegados a derecho y por tanto, en beneficio de la sociedad.
Si algo hacía falta para unir a la gente decente de este país, ese asqueroso presupuesto aprobado por tanto voto comprado, se convierte en pieza clave para que se rompa, al fin, el saco de la corrupción.
